El sábado de 6 julio se produjo el cese de la licencia de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, tras la firma el viernes de la orden pertinente por parte de los responsables del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur). Sin embargo, tal y como avanzó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «dado que el cese se produce por motivos económicos y no de seguridad», el Gobierno iniciará los cambios normativos necesarios para que siga con la actividad «si así fuera posible».
En esta misma línea se manifestó el propio titular del Minetur, José Manuel Soria, quien aseguró este fin de semana que el cierre del reactor podría ser «reversible en los próximos meses», siempre y cuando se cumplan las condiciones económicas, de seguridad y medioambientales requeridas. Estas palabras fueron pronunciadas durante una entrevista concedida a EFE en el marco de su visita a la localidad francesa de Aix-en-Provence con motivo de su participación en unos encuentros económicos con representantes del sector empresarial galo.
El ministro subrayó que ya que el cierre se ha originado «por motivos económicos», de mejorar ese aspecto podría reconsiderarse su situación. «Tendremos los próximos meses para determinarlo, pero va a depender mucho de las condiciones económicas que ese cese definitivo pueda convertirse en una apertura», indicó Soria, quien también explicó que «lo único que se requeriría es un real decreto».
Cabe recordar que los responsables de Nuclenor, la empresa titular de la instalación castellano-leonesa controlada al 50 % por Endesa e Iberdrola, comunicaron la pasada semana a los trabajadores de la central que el cese era «reversible» y que, a partir del próximo lunes (por hoy), trabajarían en un «periodo de transición» hasta decidir el futuro de la planta.
Soria también explicó que la reforma energética que prepara el Gobierno no va a afectar «de manera singular» a su futuro, porque lo que sí tuvo incidencia sobre todas las centrales de España «fue el impuesto sobre almacenamiento de residuos nucleares que fue aprobado el pasado mes de diciembre». A esa reforma que llevará al Consejo de Ministros «de aquí a no mucho» le quedan solo «algunos retoques», relacionados fundamentalmente con la distribución de los costes, aseguró. Y el objetivo de su puesta en marcha es precisamente «reducir los costes», así como controlar esas partidas que, a su juicio, «son evidentemente superfluas».
«Uno de los problemas del sistema eléctrico español es que pagamos por algunas cosas que no deberíamos pagar y que por otras pagamos más», subrayó el máximo responsable del Minetur en la entrevista, en la que también adelantó que, en todas las actividades reguladas, tanto en el transporte como en la distribución, sistemas insulares o primas del régimen especial va a haber cambios «de cierta consideración».
Por su parte, los miembros de la organización ecologista Greenpeace alertaron este fin de semana de que el Gobierno podría incurrir en un delito si se modifica la normativa para permitir la continuidad de la actividad de Garoña. De hecho, han anunciado que «tomarán las acciones legales oportunas para que no prospere ninguna medida que pretenda evitar el cierre de la central».
Según los integrantes de la entidad ecologista, «con esta orden de cierre basada en «motivos económicos y no de seguridad», el Gobierno favorece los intereses de una compañía energética por encima de la seguridad de la ciudadanía, puesto que ha obviado todas las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear».
Para evitar esto, desde Greenpeace piden al Gobierno transparencia y legalidad en sus procesos, pues opinan que ya ha iniciado esas modificaciones al introducir la posibilidad de renovar un permiso después del cese en el proyecto de real decreto para la gestión de residuos nucleares.
Los especialistas de la organización destacan que los «motivos económicos y no de seguridad» que expresa la orden de cierre son los que permitirían reabrir la central amparándose en el citado proyecto de real decreto para la gestión de residuos nucleares. Esto no sucedería si el cierre hubiera estado basado en las razones de seguridad reconocidas por el CSN, además de que el proyecto de RD prohíbe expresamente la reapertura en este caso. «Los actos administrativos que se dictan a sabiendas de estar favoreciendo intereses particulares tienen un nombre en nuestro país y es el del delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal», advierten los miembros de la ONG.
Así, entienden que «el ministro de Industria debería saber que escribir normas que favorecen los intereses particulares de las empresas nucleares es un delito grave, y más cuando es la sociedad la que asume sus riesgos».