Fuente: Cinco Días
El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado a consulta pública la metodología de asignación de los llamados cargos de los peajes de la factura eléctrica. Por exigencia de la Unión Europea, que obliga a distinguir y separar el coste de las redes del resto de costes, los peajes que pagan los consumidores españoles se han segregado en dos: por un lado, los peajes de acceso propiamente con que se retribuye a las redes de distribución y de transporte y, por otro, los cargos “asociados”, que son costes ajenos que se endosan a la factura eléctrica, como las primas de las energías renovables, la cogeneración y los residuos, el coste de la deuda eléctrica acumulada tras años de déficits o las subvenciones para el funcionamiento de los sistemas extrapenisulares.
Pero mientras la metodología de los peajes, y la revisión anual de los mismos, son competencia de la CNMC, la de los cargos corresponde al ministerio, que, con un gran retraso respecto al organismo (que publicó a finales del año pasado la circular correspondiente), acaba de hacer pública su propuesta.
Una de las novedades de la misma es que los cargos tendrán una parte fija (el 25% en el caso de los consumidores domésticos) y otra variable (el 75%) que se pagará en función de la energía consumida, lo que libra al autoconsumidor (que produce la suya) del grueso de unos costes del sistema que superan los 10.000 millones de euros: unos 7.000 millones de euros de los incentivos a las renovables, cogeneración y residuos, de los cuales 5.000 millones corresponden a las primeras; más de 2.740 millones de euros por el pago de la deuda (dato de 2019), y el 50% de las subvenciones de los sistemas no peninsulares, que ascienden a unos 730 millones. Para los consumidores con más de 15 kW de potencia contratados, el variable será el 60% y el fijo, un 40%.
El propio ministerio reconoce que la propuesta favorecerá las medidas de ahorro y eficiencia energética de los usuarios y tendrá un impacto positivo para las nuevas instalaciones de autoconsumo. Los cargos tendrían una estructura con discriminación horaria (tres periodos) igual que la diseñada por la CNMC para los peajes.
Los más críticos han alegado que no se puede cargar sobre los consumidores que no opten por el autoconsumo unos costes fijos del pasado en los que han incurrido todos, como el de la deuda eléctrica y, especialmente, la retribución de las energías verdes, la mayor partida, de la que forma parte el autoconsumo. Fuentes del sector consideran que con esta medida el departamento que dirige Teresa Ribera ha querido compensar la estructura de peajes (sobre la que no tiene competencias) en los que el porcentaje del término fijo es mayor que el variable.
Es más, los técnicos del organismo propusieron inicialmente que todo fuese término fijo, ya que las redes eléctricas deben ser costeadas entre todos. Finalmente, el consejo optó por que los usuarios pagasen una parte de los peajes en función de la energía que consumen.
¿Más eficiencia?
Frente al objetivo de una mayor electrificación y eficiencia, hay quien considera que si la factura de la luz se encarece, los usuarios podrían optar por el gas natural u otros combustibles. Además, añaden, al fijar tres tarifas horarias y ser la más cara la de las horas de mayor demanda (que coinciden con la de mayor oferta solar) los cargos se encarecen pese a que sobrará energía fotovoltaica en esos tramos.
La metodología de cargos se actualizará cada seis años aunque, con carácter excepcional, podrá revisarse si se producen circunstancias especiales justificadas como cambios en los componentes que forman parte de los cargos del sistema eléctrico o en la normativa europea.
El proyecto de real decreto, cuyo plazo de audiencia termina el 28 de julio, modifica el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), al que tienen derecho quienes tienen menos de 10 kW de potencia, con el fin de adaptarla a la nueva estructura de peajes y cargos. También incluye una metodología para calcular el coste derivado de la emisión de las refacturaciones por los comercializadores, en ejecución de diversas sentencias.
NO HABRÁ REVISIÓN DE LAS TARIFAS HASTA 2021
En una decisión sin precedentes, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió a finales del año pasado prorrogar en 2020 los peajes eléctricos que rigieron en 2019 (otra cuestión es la congelación de los mismos, que sí ha sido habitual en los últimos años). En tanto no se aprobaba la nueva metodología de peajes de acceso a las redes (potestad de la CNMC) y los cargos del sistema (competencia del ministerio) no era posible su revisión.
Y aunque la CNMC aprobó una circular con la metodología de peajes ene enero, la de cargos iba con retraso y aquellos no se podían aprobar sin que hayan entrado en vigor todas las piezas normativas. El organismo dio de margen hasta el 1 de octubre, para poder revisar las tarifas en enero, pero la crisis del Covid-19 obligó a un nuevo aplazamiento, hasta abril del próximo año. Además de dar mayor margen a las distribuidoras y comercializadoras para adaptar los equipos, sistemas informáticos y los contratos a la nueva estructura de peajes, trabajos retrasados por la pandemia, y también al propio ministerio para elaborar su métodología. La que ahora está en consulta pública.