Fuente: Cinco Días
Un análisis (por el momento, de política ficción), de cuáles podrían ser las consecuencias para el sistema energético de una hipotética independencia de Cataluña, produce un cierto vértigo. Varios factores hacen complicada, por no decir imposible, la desconexión energética entre ambos territorios: la complejidad de un sistema abierto, que tiende a lo contrario:la interconexión; una abstrusa regulación cada vez menos nacional y un sector que se prepara para transitar hacia un modelo descarbonizado basado en renovables.
Según datos de la CNMC, Cataluña supone un 20% del total de la demanda eléctrica de España; un 20% de la generación convencional; tiene una capacidad instalada de casi 13.000 MW, un 13% del total peninsular. De estos, un 32% son ciclos combinados de gas; un 22%, nuclear, y otro 23%, hidroeléctrico. En territorio catalán se ubican tres de las ocho centrales atómicas españolas (los dos reactores de Ascó y el de Vandellós), y la interconexión de la Peninsula con Francia (por los Pirineos Orientales), que comparten al 50% el operador del sistema español, REE, y el francés,
En la comunidad autónoma hay 4,378 millones de puntos de suministro eléctrico, de los que 3,5 millones, corresponden a Endesa, (empresa propiedad de la estatal italiana Enel). Las regiones eléctricas no coinciden con las fronteras autonómicas. Así, en Cataluña, las líneas de distribución en baja y media tensión son monopolio de Endesa y las de transporte de alto voltaje, de REE, a su vez, operador del sistema.
En cuanto al sector del gas, Cataluña absorbe un 20,71% de la demanda, en línea con el peso de su industria. Esta consume un 53% del total (66.500 GWh); otro 23% de este combustible se destina a la producción de electricidad y casi un 24%, es la demanda doméstica. En resumen, un mercado de 2,2 millones de clientes, que domina Gas Natural con una cuota del 76%, seguida de Endesa, con el 17%.
El futuro del sistema energético en caso de una secesión de Cataluña dependerá de dos variables: que esta sea fruto de un grave conflicto y, por tanto, sin un mínimo acuerdo, o que sea consecuencia de un pacto más o menos amistoso. En el primer escenario, opinan fuentes del sector, habría que recurrir a una solución al estilo de Kosovo, en que árbitros internacionales mediaron en un acuerdo con Serbia y procedieron a una valoración de los activos situados en territorio kosovar, que pasaron a manos del nuevo Estado.