La reforma eléctrica elimina la actual tarifa de último recurso (TUR) porque, en palabras del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, «ni es una tarifa ni es de último recurso». Y así es en realidad: una parte de la TUR la integra el precio de la energía que se fija en una subasta liberalizada entre comercializadoras de último recurso (Cesur) de periodicidad trimestral, pero la otra es una tarifa regulada por el Gobierno, los denominados peajes de acceso.
Así, la nueva normativa establece que la TUR, tras un periodo transitorio que podrá durar hasta finales de año, será sustituida por un Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, también para los consumidores con una potencia contratada inferior a los 10 kW. Sobre este precio, los comercializadores podrán hacer ofertas o descuentos, cosa que no estaba contemplada en la TUR.
Esto derivará en el mantenimiento de una especie de TUR residual para aquellos usuarios que no logren ser suministrados por un comercializador libre (generalmente, organismos morosos de la Administración) y para los consumidores vulnerables de verdad (los acogidos al bono social), aclaró el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, al explicar los entresijos del paquete reformista a los directivos de las ‘utilities’ nacionales el jueves pasado.
El bono social implica la congelación de cualquier subida de la tarifa eléctrica y está vigente desde 2009, pero con las novedades introducidas experimentará un cambio importante, ya que únicamente tendrán derecho al mismo aquellos que no superen ciertos niveles de renta, que variará en función del número de miembros de la familia. Por ejemplo, familias de cuatro miembros con una renta anual no superior a los 29 000 euros. Desaparece, por tanto, el derecho actual ligado a ciertas situaciones personales: los hogares con menos de 3,3 kW de potencia contratada, las familias con todos los miembros en paro, quienes tengan una pensión mínima o las familias numerosas.
Otra novedad es que serán de nuevo las cinco grandes eléctricas, por su condición de compañías “verticalmente integradas”, las que financien el bono social. Originalmente también lo pagaban, hasta que una sentencia del Tribunal Supremo les dio la razón al considerar que se trataba de una discriminación respecto al resto de generadoras eléctricas. Desde entonces, el bono lo paga el resto de consumidores.
Según Nadal, dicha sentencia señalaba que «no había motivación legal suficiente» para obligarles a pagar, pero esto se «ha subsanado en la nueva norma». En estos momentos disfrutan del bono tres millones de usuarios y el secretario de Estado reconoció desconocer el efecto que tendrá el nuevo sistema que, eso sí, será más equitativo.
Nuevo modelo de factura
Por otro lado, la reforma introduce un nuevo modelo de factura obligatoria, más simple y clara; habilita a nuevos comercializadores para suministrar a los domésticos; pretende agilizar el cambio de suministrador y penaliza la factura eléctrica de las segundas viviendas frente a las primeras.