Fuente: Cinco Días
La CNMC, cuyo consejo de administración fue renovado el pasado mes de junio, se enfrenta en el ámbito energético al fin del trámite de un buen número de normas, entre ellas, las circulares más polémicas que aún colean desde el año pasado. También a dictámenes del paquete normativo lanzado por el Ministerio para la Transición Ecológica para completar los cambios derivados de las circulares de la propia comisión, un organismo al que tuvo que ceder en enero de 2019 (en algunos casos, compartir) la regulación de las redes energéticas.
Las más duras de pelar han sido las propuestas de regulación sobre el acceso y conexión a las redes de electricidad, clave para el futuro desarrollo de las energías renovables y con la que se pretende evitar la especulación generada en torno a los enganches, sin los cuales los proyectos verdes no tienen recorrido. Tras una pugna de más de un año, con recursos ante el Consejo de Estado, que finalmente aclaró las competencias que corresponden al ministerio y las que son de la CNMC, el organismo ha elaborado un informe sobre el real decreto de acceso y conexión que, al respecto, le remitió el departamento que dirige Teresa Ribera, al tiempo que ha lanzado a audiencia pública su propia circular con medidas sobra las que tiene potestad en ese mismo ámbito.
En este punto, el organismo que preside Cani Fernández ha tenido que soltar lastre y cambiar de arriba abajo el primer texto del año pasado, en que invadía, según el Consejo de Estado, las competencias de Transición Ecológica. Tras una dura pugna entre ambas instituciones por unas competencias que comparten, aunque el grueso corresponde al ministerio, este elaboró una propuesta de real decreto que fija la caducidad de la avalancha de solicitudes de enganche acumuladas en los últimos años (hasta 430.000 MW cuando el sistema español solo tiene una capacidad de 105.000 MW, lo que demuestra su carácter especulativo, según el Gobierno); los tipos de permisos y los hitos que deben cumplir los inversores.
A lo largo de este mes, la CNMC también debe informar sobre el real decreto de metodología de cargos de los peajes eléctricos elaborado por el ministerio. Una gran novedad con importantes consecuencias para los consumidores ya que los llamados peajes que pagan en la factura de la luz quedarán claramente diferenciados por imperativo comunitario en dos términos: el del uso propiamente dicho de las líneas eléctricas (activos regulados cuyo cálculo de retribución y la revisión anual corresponde a la CNMC) y los cargos, que son los costes ajenos al funcionamiento del sistema, que corresponde calcular y determinar al ministerio.
La tardanza de este en elaborar una metodología que debería haber estado lista el año pasado ha llevado a que, por primera vez, los peajes de 2019 tuvieran que ser prorrogados este año. Ello a pesar de que la CNMC había aprobado su circular correspondiente sobre la metodología de peajes de acceso. Es quizás este informe el más polémico de los que se trae el organismo entre manos.
El punto conflictivo se refiere a la descompensación entre la parte fija de los cargos (el 25% en el caso de los consumidores domésticos) y otra variable (el 75%) que se pagará en función de la energía consumida. Ello libra al autoconsumidor (que produce la suya) del grueso de unos costes del sistema que superan los 10.000 millones de euros: unos 7.000 millones de euros de los incentivos a las renovables, cogeneración y residuos, de los cuales 5.000 millones corresponden a las primeras; más de 2.740 millones de euros por el pago de la deuda (dato de 2019), y el 50% de las subvenciones de los sistemas no peninsulares, que ascienden a unos 730 millones. Para los consumidores con más de 15 kW de potencia contratados, el variable será el 60% y el fijo, un 40%.
Peajes para 2021
Sea cual sea el resultado, una vez que entre en vigor la metodología de cargos, y dado que la de peajes ya está en vigor desde finales del año pasado, la CNMC podrá aprobar los peajes que se aplicarán a los consumidores a partir de enero y el ministerio, los cargos. De ello se derivarán las tarifas de ambos términos que los consumidores deberán pagar el próximo año. Eso sí, previamente las partes, comisión y ministerio, informarán sobre las respectivas propuestas. Otro tanto ocurrirá con los peajes del gas. En este caso, el 1 de octubre se aprobará la propuesta de resolución de los valores o precios de los peajes del gas.
Otra de las asignaturas pendientes es el informe por parte de la comisión del real decreto sobre energías renovables, que permitirá que se celebre este año (según prometió el Gobierno) la primera subasta de renovables. El real decreto por el que se regula el nuevo régimen económico de los productores de energías renovables que resulten adjudicatarios de capacidad en las subastas que se avecinan: 30.000 MW en la próxima década para lograr los objetivos de descarbonización,
La propuesta ha sido muy contestada por el sector, especialmente las comercializadoras, tanto las independientes como las tradicionales de la antigua Unesa, y los consumidores (especialmente, industriales), que la califican como una vuelta a los precios regulados, “al menos, para una parte de la energía del sistema”.
Así, en sus alegaciones al RD, la patronal de las grandes eléctricas, Aelec, la considera un “dislate”. Además de regular el mecanismo (el producto a subastar será la potencia, la energía producida o una combinación de ambas; la variable será el precio en euros/MWh y se hará mediante sobre cerrado), el real decreto revoluciona la vía por la que las renovables cobrarán las subvenciones derivadas del nuevo régimen económico.
Y es que el precio que se garantizará en la subasta (25 euros/MWh, según todos los cálculos) si no lo obtienen en el mercado, las adjudicatarias lo recibirán no de los peajes o cargos de la factura de los usuarios, sino del coste de la energía de dicha factura.