La Comisión Nacional de Energía (CNE) ya ha realizado el análisis sobre la Propuesta de orden por la que se establecen los peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. En concreto, las conclusiones de los técnicos del regulador aparecen recogidas en el Informe 3/2013 que desde ayer está disponible en la página de internet del regulador, en la que se destaca que el escenario de costes e ingresos del sistema eléctrico para 2013 se muestra suficiente, aunque está sujeto a incertidumbres derivadas de la evolución de la demanda y de la recaudación de los tributos y cánones de la Ley 15/2012 y de los ingresos (máximo 450 M€) de la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Tal y como matiza el análisis, el escenario de ingresos y costes de la propuesta de orden incluye los impactos de los recientes cambios normativos, entre los que se cuentan la incorporación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año de una aportación para la financiación del sistema eléctrico referida al fomento de las energías renovables (recaudación derivada de tributos incluidos en la Ley 15/2012 e ingresos estimados por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero), la sustitución del IPC por el IPC a precios constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos a considerar en la retribución de determinadas actividades reguladas y los impactos en la retribución del régimen especial derivados del RDL 2/2013.
En consecuencia, en la propuesta de orden de febrero de 2013 se han revisado las distintas partidas de ingresos y costes previstos para el ejercicio 2013. Asimismo, se ha actualizado la previsión del coste de la compensación extrapeninsular, las anualidades para la financiación del déficit, la previsión del coste de los pagos por capacidad y del mecanismo de restricciones por garantía de suministro y el impacto de los artículos 8 y 9 del Real Decreto-ley 13/2012. A raíz de estas consideraciones, «el desajuste de ingresos del ejercicio 2012 ascendería a 3.601 M€, por encima del límite de los 1.500 M€», subrayan los expertos de la Comisión.
Según continúa explicando el documento, «a pesar de las medidas del RDL 2/2013 sobre la retribución de las actividades reguladas, así como del impacto del RDL 29/2012, del que se deriva que el desajuste de 2012 no es un coste del sistema de 2013, las necesidades de financiación del sistema eléctrico no cubiertas con los ingresos regulados (peajes de acceso) ascienden a una cuantía de 5.571,6 M€, cifra similar a la de la propuesta de orden de diciembre de 2012 (5.716,8 M€). Cabe señalar que dentro de las necesidades de financiación del sistema para 2013 no se está considerando el coste de la compensación extrapeninsular en 2013, que según indica la propuesta de orden será financiado con cargo a los PGE».
Así, las causas de que las necesidades de financiación del sistema eléctrico no cubiertas con cargo a peajes en 2013 sean similares en la propuesta de orden de febrero de 2013 y de diciembre de 2012, a pesar de las medidas indicadas anteriormente, se explica, fundamentalmente: «por el incremento de determinadas partidas de costes, tales como el servicio de interrumpibilidad (264,9 M€), derivado de la aplicación de la Orden IET/2804/2012, y «por la incorporación de partidas de costes no consideradas en la propuesta de orden de diciembre (991,4 M€), tales como la anualidad de 2012, la devolución de la financiación del bono social, el impacto de la revisión del tipo de interés provisional al definitivo de los desajustes, el impacto de la actualización del coste de los combustibles en los SEIE, el incentivo a la disponibilidad en el transporte y el de calidad y reducción de pérdidas en la distribución.
Otro de los motivos es «la reducción de ingresos regulados como consecuencia de la eliminación en la propuesta de orden de febrero de 2013, de los términos de progresividad en los peajes de acceso de consumidores conectados en baja tensión con menos de 10 kW de potencia contratada y la no consideración de ingresos por los suplementos territoriales. La suma de ambos ingresos considerados en la propuesta de orden diciembre de 2012, asciende a 480 M€. Según el escenario de ingresos y costes de la propuesta de orden de febrero de 2013, los peajes de acceso cubrirían el 72% de los costes de acceso previstos para 2013, teniendo en cuenta el saldo de los pagos por capacidad. El resto de ingresos (28%) se corresponde a otros ingresos externos a los peajes, tales como ingresos de la subastas de emisiones de CO2 (450 M€), los ingresos por la aplicación de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (2.921 M€) e ingresos, en su caso, del crédito extraordinario al sistema eléctrico para 2013 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (máximo 2.200 M€)» —cuyos instrumentos jurídicos aún no han sido aprobados—, continúa el documento.
Así, los encargados de elaborar el análisis reseñan que teniendo en cuenta lo anterior, «el escenario de costes e ingresos del sistema eléctrico para 2013 se muestra suficiente, si bien está sujeto a incertidumbres derivadas de la evolución de la demanda y de la recaudación de los tributos y cánones de la Ley 15/2012 y de los ingresos (máximo 450 M€) de la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero».
En cuanto a la asignación de costes de acceso en los peajes, los expertos de la entidad que preside Alberto Lafuente estiman necesario que «se determinen de forma estable en el tiempo las partidas de los costes de acceso que deben incluirse en los peajes de acceso, así como la metodología de asignación de todos los costes incluidos en los peajes, no solamente del transporte y distribución».
A este respecto, el documento explica que «diversos agentes han señalado que se debe considerar una propuesta global de asignación de costes, no solo de transporte y distribución, y establecer peajes de acceso, en la medida en que la actualización objetiva y automática de los peajes de acceso debe aplicar a la totalidad de los costes incluidos y, por tanto, al peaje de acceso en su conjunto, y no solo a una parte de él. La aplicación de una metodología asignativa de cada concepto de coste incluido en el peaje de acceso permitirá conocer el desglose de los componentes de costes de acceso en la factura de los consumidores eléctricos, lo que supondrá una mayor transparencia y el reflejo de costes en los peajes».
En la actualidad, la CNE está elaborando la propuesta de Circular de metodología de asignación de costes de transporte y distribución que se remitirá al Consejo Consultivo de Electricidad para alegaciones. Además, los responsables del regulador enviarán propuesta regulatoria al Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre los criterios asignativos de otros costes diferentes a los de transporte y distribución, teniendo en cuenta los comentarios de los agentes. Y recuerdan que tal y como se señaló en la consulta pública, opinan que la elaboración de una propuesta de asignación de costes de transporte y distribución es «una buena oportunidad para formular una propuesta de metodología asignativa del resto de costes de acceso al Minetur».
En relación con los costes de actividades reguladas y otras disposiciones incluidas en la propuesta de orden, la CNE realiza las siguientes consideraciones específicas al articulado:
– Anualidades para la financiación del déficit.
«Se propone, tal y como la propuesta de orden establece en el artículo 3.2, utilizar el tipo de interés provisional del 2% para el cálculo de la anualidad del desajuste de ingresos del año 2012. La anualidad pasa de 360 M€ a 280 M€».
Asimismo, los técnicos del regulador sugieren «la incorporación las anualidades de la categoría «Déficit 2011″ y la anualidad correspondiente a Fade, a efectos de considerar las cinco emisiones del Fade con fecha de desembolso en 2013 realizadas hasta el 5 de febrero de 2013 (emisiones 30.ª a 34.ª).
– Revisión de tarifas y precios regulados del régimen especial.
«Se incluyen correcciones en el apartado quinto del anexo III de la propuesta de Orden, en los valores de la tarifa correspondientes a las instalaciones de los subgrupos c.1 y c.3 y en el apartado 3 del artículo 8 de la citada propuesta en el valor de la tarifa de las instalaciones de potencia instalada mayor de 50 MW y no superior a 100 MW acogidas al apartado 3 de la Disposición adicional sexta del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo», explica el informe de la CNE.
«Con motivo de los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 2/2013, de haberse mantenido la expectativa de precios de mercado utilizada en el informe 35/2012 (54,30 €/MWh) y permaneciendo invariables las restantes hipótesis, el volumen de la prima equivalente se reduciría hasta los 8.742 millones de euros. No obstante, en el momento de realizar en presente informe se dispone de información actualizada de la estimación del precio medio de mercado (51,19 €/MWh a partir de las cotizaciones de futuros OMIP a fecha 05/02/2013). Según dicha estimación, la cuantía de la prima equivalente ascendería a 9.050 millones de euros. Por ello, es destacable la variabilidad de la cuantía del coste de la prima equivalente de régimen especial prevista para 2013, que depende de la variable de precio medio de mercado estimado para 2013», subrayan los especialistas del regulador.
– Compensación extrapeninsular.
Sobre esta materia, los responsables de la Comisión proponen incluir en la disposición adicional segunda de la propuesta de orden, la consideración en las liquidaciones del ejercicio 2012, el importe del desvío estimado en la compensación extrapeninsular del ejercicio 2011 siempre que la normativa sea publicada previamente a la Orden de Peajes y añadir una disposición similar a la anterior, relativa a la compensación extrapeninsular del ejercicio 2012.
– Devolución de la financiación del Bono Social. «Sería preciso recoger en la orden alguna disposición que regule el reconocimiento de la cantidad a devolver en concepto de Bono Social, así como el concepto a que corresponde señalando el destinatario y/o los porcentajes de reparto, al objeto de poder acreditar ante el Tribunal Supremo las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de la Sentencia de 7 de febrero», sugieren los analistas.
– Metodología para establecer la retribución del Operador del Sistema y el Operador del mercado.
Se recomienda la ampliación del plazo para la elaboración por parte de la CNE de la propuesta de metodología para el cálculo de la retribución del Operador de Sistema y el Operador del Mercado, así como de los precios que estos deben cobrar a los agentes, haciendo coincidir el plazo de un año para elaborar la metodología retributiva y la de precios.
Adicionalmente, «se propone la revisión de la cuantía de la previsión de los costes de transporte para 2013 (…) y el ajuste de los precios pagados por los agentes a efectos de la recuperación de la retribución del Operador del Mercado, con objeto de ajustarlos a la retribución prevista».
– Incentivos a la disponibilidad del transporte, a la mejora de calidad y a la reducción de pérdidas de la distribución.
El Real Decreto-ley 13/2012 establece que las instalaciones de transporte y distribución puestas en servicio en el año «n» empezarán a devengar retribución en el año «n+2». Dado que el incentivo (bonificación o penalización) a la disponibilidad, calidad y pérdidas, son conceptos de la retribución de la actividad, se considera que, a partir del año 2102, dichos incentivos correspondientes al año «n» también deberán devengarse en el año «n+2». En consecuencia, no procede incluir en los costes previstos para el ejercicio 2013 los incentivos correspondientes al ejercicio 2012.
– Respecto al coste de los intereses definitivos independientemente de la cantidad que finalmente resulte, una vez que dicha orden ministerial sea publicada, en caso de que durante 2013 se cedan por parte de las empresas eléctricas al Fade la totalidad de los derechos de cobro de las categorías «Déficit 2010» y «Déficit 2011», se generará un ingreso liquidable para el sistema por la diferencia entre el valor titulizado y el valor del derecho para las empresas, apuntan en sus conclusiones los expertos de la CNE.