Fuente: Expansión
Ciudadanos ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley en la que exige que se elimine el Impuesto Especial sobre la electricidad que se mantiene desde 1997.
La portavoz adjunta y responsable de Energía de la formación naranja, Melisa Rodríguez, ha explicado que el objetivo es que «los ciudadanos no sigan pagando los errores políticos que se cometen en la Cámara Baja o por los sucesivos gobiernos», recordando que el Impuesto Especial de la Electricidad fue creado en 1997 por José María Aznar para financiar las ayudas al carbón.
Más de 20 años después, esas ayudas se han reducido de 1.000 millones al año hasta apenas 25 millones en 2016, pero la recaudación del Impuesto Especial sigue utilizándose para financiar a las comunidades autónomas.
Aprovechar la reforma del sistema de financiación
Por eso, Ciudadanos cree que se debe aprovechar la reforma del sistema de financiación autonómica para asegurar que las comunidades reciben el dinero que necesitan sin tener que recurrir a este tipo de fuentes de ingresos.
De ese modo, se podría suprimir el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que grava con un 5,11% el término de potencia contratada. A esa cantidad se suma posteriormente el IVA, lo que eleva el efecto fiscal del gravamen hasta el 6,186%.
Sin embargo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rechazó hace unos días la posibilidad de eliminar este impuesto porque sería necesario incrementar otra figura impositiva para hacer frente a los compromisos de reducción del déficit público.
Algo que Ciudadanos rechaza, alegando que «hay mucho dinero que no se sabe dónde está» y que podría utilizarse para compensar la pérdida de recaudación. Como ejemplos, Rodríguez ha mencionado los fondos utilizados para rescatar a las concesionarias de las autopistas radiales o las cajas de ahorros, las cantidades no exigidas a los beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012, o los ahorros que podrían obtenerse eliminando el Senado o las diputaciones.
Además, la diputada canaria ha recordado que Ciudadanos también incluyó en el acuerdo de investidura con el PP la exigencia de realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, y ha reclamado un análisis de la factura para saber qué cargos se están repercutiendo a los ciudadanos.