FUENTE: El Economista
Las eléctricas tienen que tomar una decisión este próximo mes de octubre sobre qué centrales de carbón tendrán que cerrar. Por el momento, según indicaron fuentes consultadas por este diario, hay cinco plantas que tienen la espada de Damocles sobre sus espaldas: Compostilla II, Teruel, Soto II, Anllares y Elcogas.
En los casos de Compostilla II y Teruel, Endesa ya tiene incluso provisionado en sus cuentas el cierre de dichas centrales, pero fuentes de la compañía aseguran que la decisión no está tomada y que se espera hasta el último minuto. No obstante, la empresa ya incluía en el folleto de la emisión en la CNMV que «en el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2014 se han dotado provisiones por importe de 162 millones de euros, de los cuales, 96 millones corresponden a la dotación de provisiones por desmantelamiento de las centrales de carbón de Compostilla GIII, GIV y GV y Teruel GI, GII y GIII».
El Ministerio sigue sin aprobar la orden ministerial que regula las ayudas para la desnitrificación y las eléctricas tienen que comunicarle el 1 de octubre los cierres de centrales previstos. Por el momento, en un primer paso, las compañías ya presentaron un listado de centrales acogidas a las llamadas 20.000 horas de operación. Todas ellas debían cerrar el 31 de diciembre de 2015, pero el Gobierno dejó esta puerta de salida a las que todavía pueden acceder a algunas de estas plantas.
EDP, la única con las ideas claras
Por otro lado, Gas Natural invertirá en Narcea y La Robla y previsiblemente cerrará la central de Anllares. Fuentes de la compañía explicaron que todavía no hay una decisión al respecto. La única compañía que parece tener las cosas claras es EDP, que ya ha anunciado el cierre del grupo dos de la central de Soto, que echará el cierre definitivo el 31 de diciembre de este año. La compañía invertirá en Soto III y Aboño, tal y como adelantó elEconomista.
Elcogas, por ejemplo, tiene que alcanzar una solución antes del próximo 5 de noviembre o de lo contrario tendrá que iniciar su desmantelamiento.
La compañía está a la espera de recibir una propuesta formal del Gobierno, pero en los últimos días se han producido varias reuniones en las que verbalmente se ha llegado a plantear la posibilidad por parte del Gobierno de aportar hasta 27 millones para los próximos cuatro años.
Fuentes consultadas por este diario indicaron que la central necesita del orden de 33 a 36 millones anuales para poder sobrevivir, pero con la cantidad planteada por Industria no es suficiente.
El Gobierno pretende también que el Ejecutivo autonómico de Emiliano García Page -que está poniéndoles zancadillas para el desarrollo del ATC- tenga que aportar también una parte del capital.
Por el momento, al amparo de la normativa de grandes instalaciones de combustión, han cerrado ya un buen número de centrales eléctricas en España, principalmente de fuel y de fuel gas.
Los cierres de estas centrales de carbón dejarán un mayor hueco térmico a las plantas de carbón de importación y a las de gas natural, lo que ha generado preocupación en la minería, que sigue sin tener claras las líneas básicas que quiere seguir el Gobierno durante los próximos años para este estratégico sector.