Fuente: Cinco Dias
El 8 de agosto para denegar la autorización de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Tanto las circunstancias técnicas como las políticas facilitaban la decisión del cierre definitivo, incluso a un Gobierno defensor convencido de la energía nuclear. La central estaba cerrada en la práctica desde hace cinco años cuando las empresas que la explotaban (Iberdrola y Endesa en la sociedad conjunta Nuclenor) decidieron hacerlo, y su peso específico en la estructura de generación energética en España era muy limitado cuando estaba a pleno rendimiento; además, de haber sido autorizado, en contra incluso de la opinión de las empresas, habría tenido que esperar dos años para producir y tras acometer las fuertes inversiones en seguridad que aconsejó el Consejo de Seguridad. Y el debate político abierto sobre la cuestión, tradicionalmente más ruidoso que juicioso cuando se trata de cuestiones con elevada dosis de ideología de por medio, aconsejaba también el cierre definitivo del reactor, pues todos los partidos, con la excepción del PP, habían pedido su clausura.