El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad la ley que prohíbe el uso de la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional en la roca, también conocida como «fracking», en todo el territorio de la comunidad autónoma. El consenso se logró ayer a pesar de que la oposición tiene la «sensación» de que se trata de un «lavado de cara» del Gobierno regional y una «burda mentira» que «no servirá para nada» y teme que el Ejecutivo español o los parlamentarios del PP en Madrid recurran esta decisión ante el Tribunal Constitucional (TC).
En el Pleno celebrado ayer, el diputado popular Íñigo Fernández defendió que el actual Gobierno regional y el PP «están haciendo todo lo que está en su mano» para prohibir el empleo de esta técnica en Cantabria, incluso, «legislar» contra ella, por considerarla muy dañina para el medio ambiente.
Según el representante político, esto es algo que «no hicieron» el PRC y el PSOE cuando gobernaban en la comunidad autónoma y cuando tramitaban y aprobaban permisos de investigación que incluían su uso.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, fue el encargado de defender el proyecto de ley promovido por el Gobierno de Cantabria y afirmó que se trata de una ley que «apuesta por el futuro», un futuro «vinculado» a la protección del medio ambiente, al paisaje y a los recursos hídricos de la región. Con la nueva normativa, Cantabria opta por «el principio de precaución» mientras las «dudas» e «incógnitas» que plantea esta técnica «no queden definitivamente despejadas».
Tanto Fernández, en representación del Gobierno de Cantabria, como el PP y el PRC, afirman que Cantabria tiene competencia para prohibir esta técnica, mientras que el PSOE reconoce tener «serias dudas» sobre esta afirmación, a pesar de que cuenta con el aval de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. Es por ello que solicitan una «moratoria para todo el territorio nacional» y se preguntan «de qué vale prohibir el «fracking» en Cantabria si el resto de territorios no lo hacen».
Sin embargo, el diputado del PSOE Juan Guimerans explicó que su grupo «no tiene ningún problema» en votar en contra del «fracking», ni en el Parlamento regional ni en Madrid, algo que «no hace el PP», subrayó.
Además, recordó que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hace «declaraciones incendiarias» a favor del «fracking» en las que, a su juicio, «no tiene ninguna incógnita» sobre esta técnica y se ha comprometido a potenciar su uso.
Por su parte, Javier Fernández insistió en que con esta ley el Gobierno de Cantabria demuestra que «está a favor del desarrollo, del impulso de la actividad económica y del empleo, pero no a cualquier precio ni sacrificando» el que, a su juicio, es el «principal patrimonio» de la comunidad autónoma: su paisaje y su medio ambiente.
Del mismo modo, el diputado popular reconoció que «a lo mejor» en otras regiones españolas no se dan las condiciones o las «peculiaridades» paisajísticas de Cantabria y allí sí puede emplearse esa técnica.
A pesar del debate, PP, PSOE y PRC han votado a favor de esta ley, que consta de tres artículos, una disposición transitoria y otra final de apenas folio y medio.
Shale Gas España lamenta la prohibición del fracking en Cantabria
Al conocer la decisión tomada ayer en el Parlamento cántabro, los integrantes de la plataforma de la industria para la defensa de la exploración y producción de hidrocarburos no convencionales Shale Gas España lamentó esta medida. A través de un comunicado de prensa, los profesionales que defienden el «fracking» subrayan que «la ciencia y los hechos objetivos deben guiar el debate sobre la fracturación hidráulica en Cantabria» y que la decisión de la cámara autonómica «demuestra que es necesario continuar el diálogo para aclarar las dudas existentes sobre los proyectos de exploración».
Además, aseguran que la aprobación de la ley que prohíbe el desarrollo de esta polémica técnica «cierra la puerta a la creación de puestos de trabajo y a la atracción de inversiones, valoradas en cien millones de euros solo en la fase de exploración».
La portavoz de Shale Gas España, Mónica V. Cristina, argumenta que las técnicas de «fracking» son seguras y asevera que «cerrar la puerta al diálogo no es la solución». «La aceptación pública es esencial» y «nuestra labor divulgativa debe continuar, para seguir despejando cualquier duda sobre los potenciales impactos medioambientales», por lo que la plataforma requiere «el apoyo y la implicación de los poderes públicos y demás actores para abrir un debate serio, honesto y transparente», afirma.
La Cuenca Vasco Cantábrica, que incluye Cantabria y las provincias de Álava y Burgos son las zonas de España con mayor potencial objetivo de «shale gas». De hecho, los expertos en esta industria calculan que sus recursos prospectivos ascienden a 1.084 bcm (1,08 billones de metros cúbicos de gas), lo que representa cerca del 50 % de la cantidad total estimada en España, 1.977 bcm.
Desde la plataforma defienden que «la fracturación hidráulica es una técnica segura y probada siempre y cuando se apliquen las mejores prácticas de la industria y el control más estricto de las leyes y las administraciones». «Cada vez son más los actores dentro de la comunidad científica que así lo confirman: desde el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España, pasando por el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos o el Instituto de la Ingeniería de España. Deberíamos escucharles», apunta la portavoz.