FUENTE: El Economista
El pasado 24 de septiembre la Comisión Europea abrió a España un procedimiento de infracción por no haber traspuesto al ordenamiento interno la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, que obliga a incrementar la calidad de los inmuebles para que se conviertan en «edificios de consumo de energía casi nulo».
De acuerdo con la definición recogida por la Directiva, los edificios de consumo casi nulo son aquellos con un nivel de eficiencia muy elevado, en los que la escasa demanda de energía «debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno».
Además, la norma exige la elaboración de planes nacionales para aumentar el número de este tipo de edificios y establece un calendario para que las nuevas construcciones -desde el 31 de diciembre de 2020- o de propiedad pública -a partir del 31 de diciembre de 2018- lo sean.
Los planes nacionales deben incluir cómo aplicar lo que cada Estado entiende en la práctica por edificio de consumo de energía casi nulo, en función de sus particularidades nacionales, regionales o locales. Así mismo, han de fijar unos objetivos intermedios para mejorar la eficiencia de los edificios nuevos; el primero de estos hitos le correspondía a este ejercicio 2015.
La norma ya está en revisión
España tendrá que correr para recuperar el tiempo perdido y ponerse a la altura de los demás socios comunitarios, porque Bruselas ya ha montado los grupos de trabajo para revisar la Directiva e incluir mayores exigencias.
La falta de preocupación por la materia en nuestro país se refleja en datos: entre 1990 y 2009 el consumo medio de las viviendas en Europa ha bajado un 11,9 por ciento, mientras que en España ha subido un 8 por ciento. Somos, con Grecia, los únicos países de la UE en contra de la tendencia general.
La explicación a esta mala evolución está en el boom inmobiliario, que se produjo antes de que entrara en vigor el Código Técnico de la Edificación (CTE), en marzo de 2007, también con retraso sobre lo estipulado por la anterior Directiva de eficiencia energética en edificios, del año 2002.
El resultado es que la calidad de las construcciones es mala: según los últimos datos de la Comunidad de Madrid, el 80 por ciento de todo el parque edificatorio del territorio es de clase E o peor. El CTE establece que todas los edificios nuevos tienen que ser, como mínimo, de clase B. El sector de la eficiencia reclama a la Administración que compruebe que este mandato se está cumpliendo.
No habrá que pasar una auditoría energética
Finalmente las grandes empresas no tendrán que pasar una auditoría energética antes del 5 de diciembre, tal y como establece la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. La razón estriba en que el Gobierno ha decidido aparcar su trasposición al ordenamiento interno: el decreto que lo hacía, técnicamente terminado, se queda para la próxima legislatura.
Así lo anunció hace unos días Rodrigo Morell, presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (a3e), durante un acto organizado por la Oficina de Javier García Breva y WWF en Madrid. «El Gobierno -dijo Morell- no va a aprobar la norma por electoralismo puro y duro». Si la aprobase, obligaría a hacer desembolsos importantes a las grandes empresas y también afectaría a las economías domésticas.
Según los cálculos de Industria, las empresas deberían gastar entre 18.700 y 6.000 euros por inmueble que esté obligado a pasar la auditoría energética. Tendrá un coste superior a 158 millones de euros.
La norma también obliga a instalar contadores individuales para calefacciones comunitarias. Afectará a 1,2 millones de viviendas y les costará unos 70 euros. Durante los primeros cinco años exigirá una inversión de 957 millones.
El ahorro estimado por Industria por la introducción de contadores individuales es de 1.448 millones en el combustible de las calderas. El Ministerio no calcula los beneficios de las auditorías -las empresas no tienen la obligación de hacer nada después-, pero a3e estima que rondan los 1.000 millones.
Se espera que Bruselas abra un procedimiento de infracción a España por el incumplimento en la trasposición de la Directiva.
Subvenciones por más de 200 millones para nuevos proyectos
El Gobierno ha decidido repartir 202 millones de euros para fomentar la eficiencia y el ahorro energético a partir de lo recaudado a las empresas comercializadoras de energía para nutrir el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) durante este 2015, en el que se dispondrá de casi 244 millones, contando con un remanente de 37 millones de 2014. Irán destinados a cinco líneas diferentes; las tres primeras son ampliaciones de actuales líneas gestionadas por el IDAE.
A la rehabilitación energética de los edificios le corresponde la parte del león, 82 millones de euros. Se dirigen a inmuebles de empresas arrendatarias, explotadoras o de servicios energéticos, así como edificios o viviendas que no tengan cabida en el actual Programa Pareer-Crece, dotado con 200 millones. Apoyará actuaciones con un coste de 30.000 a cuatro millones.
La industria recibirá 66 millones, que se suman a los 49 otorgados con cargo al FNEE del año pasado, ante el gran número de solicitudes recibidas: han superado en un 25 por ciento los fondos disponibles. Se cubre hasta un 30 por ciento del coste elegible y las empresas pueden aprovechar los fondos tanto para mejorar la tecnología de los equipos como para implantar procesos de gestión energética.
Al alumbrado municipal se le otorgan 29 millones, a añadir a los 36 millones con cargo al presupuesto del FNEE de 2014. Se usarán en préstamos sin interés para las entidades locales.
Dos líneas adicionales
Hay dos nuevas líneas que recalarán en la gestión del ciclo integral del agua, con especial hincapié en la desalinización, y en los sistemas ferroviarios.
En el primer caso, dotado con 12 millones, además de la desalinización, apoyará actuaciones de potabilización, abastecimiento y depuración, pero las grandes beneficiarias serán las 300 desalinizadoras de las islas Canarias, que podrán ahorrar hasta un 20 por ciento de energía que consumen.
En el segundo caso, los sistemas ferroviarios contarán con un presupuesto de 13 millones, orientados a aumentar la eficiencia de la recuperación de energía en la frenada de los trenes, entre otros aspectos más comunes, como la iluminación de túneles, andenes, galerías, etc.