Fuente: El Mundo
La Comisión Europea ha aprobado este miércoles, tras dos meses y medio de durísimas negociaciones, el mecanismo de «excepcionalidad Ibérica» que permitirá a España y Portugal poner un tope al precio del gas para rebajar, de forma casi inmediata, la factura de la electricidad. El Consejo Europeo aceptó el pasado mes de marzo que la Península adoptara medidas más allá de las de los demás, dada la bajísima interconexión con el resto del continente. El Gobierno de Pedro Sánchez estimó entonces que en cuestión de días o pocas semanas todo estaría encarrilado y asumió incluso que los efectos se notarían ya en la factura de mayo, pero las condiciones exigidas desde Bruselas han sido más complicadas de lo previsto, y las diferencias con Lisboa más aguadas de lo esperado.
Los expertos comunitarios consideran que la medida es «adecuada, necesaria y proporcionada» y que servirá para reducir «los precios mayoristas de la electricidad en favor de los consumidores, sin afectar a las condiciones comerciales en forma contraria al interés común. Por otro lado, la medida no va más allá de lo necesario para hacer frente a los precios excepcionalmente elevados de la electricidad en la Península Ibérica», según explica el equipo de la comisaria de Competencia.
La UE, que incide en todas las oportunidades en la temporalidad de la solución, ha instado a ambos países a «adoptar reformas que aumenten la resiliencia futura de su sistema eléctrico». Las instituciones cifran en 8.400 millones de euros las medidas, amparadas bajo el paraguas de ayuda de Estado, para reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado mediante «la minoración del coste de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles» y a la luz de las conclusiones de ese Consejo Europeo de marzo.
El BOE publicará mañana una Orden de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que especificará la fecha de aplicación del mecanismo. Esta prevista para el próximo 14 de junio.
«La medida temporal que hemos aprobado hoy permitirá a España y Portugal reducir los precios de la electricidad en beneficio de los consumidores, quienes se han visto gravemente afectados por el aumento de los precios de la electricidad como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia. Al mismo tiempo, se preservará la integridad del mercado único. Además, esta medida permite a España y Portugal disponer de cierto margen de tiempo para adoptar reformas que aumenten la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde, y, en última instancia, mitiguen aún en mayor medida los efectos de la crisis energética sobre los consumidores finales», ha explicado en un comunicado la responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
La semana pasada el equipo de Sánchez, al terminar la última cumbre europea, estimaba que sería cuestión de días, pero los últimos flecos han costado todavía una semana. El sistema tiene el respaldo político de los jefes de Estado y de Gobierno, pero la Comisión nunca ha estado cómoda, ni en principio ni en la aplicación práctica. Sostiene que hecho así no hay peligro para el mercado único, pero lo dice con la boca pequeña tras casi un año de poner todo tipo de trabas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hablado hoy mismo de la necesidad de hacer reformas más profundas en el mercado eléctrico, pero la vía ibérica no es su propuesta.
La UE, que incide en todas las oportunidades en la temporalidad de la solución, ha instado a ambos países a «adoptar reformas que aumenten la resiliencia futura de su sistema eléctrico». Las instituciones cifran en 8.400 millones de euros las medidas, amparadas bajo el paraguas de ayuda de Estado, para reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado mediante «la minoración del coste de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles» y a la luz de las conclusiones de ese Consejo Europeo de marzo.
El BOE publicará mañana una Orden de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que especificará la fecha de aplicación del mecanismo. Esta prevista para el próximo 14 de junio.
«La medida temporal que hemos aprobado hoy permitirá a España y Portugal reducir los precios de la electricidad en beneficio de los consumidores, quienes se han visto gravemente afectados por el aumento de los precios de la electricidad como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia. Al mismo tiempo, se preservará la integridad del mercado único. Además, esta medida permite a España y Portugal disponer de cierto margen de tiempo para adoptar reformas que aumenten la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde, y, en última instancia, mitiguen aún en mayor medida los efectos de la crisis energética sobre los consumidores finales», ha explicado en un comunicado la responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
La semana pasada el equipo de Sánchez, al terminar la última cumbre europea, estimaba que sería cuestión de días, pero los últimos flecos han costado todavía una semana. El sistema tiene el respaldo político de los jefes de Estado y de Gobierno, pero la Comisión nunca ha estado cómoda, ni en principio ni en la aplicación práctica. Sostiene que hecho así no hay peligro para el mercado único, pero lo dice con la boca pequeña tras casi un año de poner todo tipo de trabas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hablado hoy mismo de la necesidad de hacer reformas más profundas en el mercado eléctrico, pero la vía ibérica no es su propuesta.
Bruselas no permitió que hubiera discriminación de precio a la parte de la energía subvencionada que vaya a otros países a través de las interconexiones y de hecho forzó a España a cambiar su legislación. Mientras que Portugal insistió en dejar fuera de la subvención al gas los contratos a plazo firmados antes de abril. El mecanismo se financiará mediante una parte de las denominadas «rentas de congestión«, las obtenidas por el gestor de la red de transporte español como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España, y mediante una cuota impuesta por España y Portugal a los compradores que se beneficien de la medida.
Bruselas, a pesar de las reservas, ha dado luz verde al amparo del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE, según el cual los Estados miembros pueden conceder ayudas a empresas o sectores específicos para poner remedio a una grave perturbación en la economía, algo claro con la guerra de Ucrania. Pero sobre todo gracias a la situación muy concreta de la Península, pues lo propuesto tras dos meses en los que al final Bruselas ha participado en la redacción de cada aspecto, «difiere de otras modalidades de intervención de precios debido a las circunstancias particulares del mercado mayorista ibérico de la electricidad. En concreto, la limitada capacidad de interconexión de la Península Ibérica, la elevada exposición de los consumidores a los precios mayoristas de la electricidad, así como la elevada influencia del gas en la fijación de los precios de la electricidad han provocado una perturbación especialmente grave de las economías española y portuguesa».