Fuente: El Periódico de la Energía
El sector eléctrico está viviendo en los últimos años la aparición de pequeñas comercializadoras que están saltándose las reglas del mercado y creando un fraude dentro del sistema eléctrico que supera los 200 millones de euros.
El actual sistema garantista no puede actuar contra estos estafadores que han campado a sus anchas en los últimos 36 meses. Su actuación, gravísima, no es otra que robar. Compra energía fuera de mercado, no la paga pero la vende, y no paga IVA y a veces tampoco peajes y se lo lleva directamente a su bolsillo.
En cualquier ámbito de la vida, ‘robar’ decenas millones de euros te lleva directamente a la cárcel, pero en el mercado eléctrico está permitido hacerlo. “El problema es la ley”, dice Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía.
¿Qué es lo que dice la ley? La normativa tiene un grave problema, que actúa tarde y mal contra este tipo de actuaciones. Cuando una comercializadora no compra la electricidad en el mercado, y acude al mercado de ajuste para adquirirla sin dinero, el primer aviso sobre este tipo de actuaciones se notifica al séptimo mes. Lo hace Red Eléctrica, pero es que el operador del sistema no puede hacer otra cosa.
Tras esos siete meses, no se toma una decisión al respecto hasta el úndecimo mes. Llega la queja a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y decide abrir una investigación. Vuelven a pasar varios meses por no decir un año y cuando decide sancionar a la compañía con una multa ridícula (la mayor ha sido de 1,3 millones tras estafar unos 50 millones de euros), es entonces cuando el Ministerio de Industria toma cartas en el asunto.
A todo esto han pasado dos años, y la compañía no ha dejado de hacerlo (estafar) durante buena parte de este tiempo. Siguen pasando los meses y el Ministerio emite una resolución con la que inhabilita a esta comercializadora y envía sus clientes a una de las grandes comercializadoras. Normalmente la que controla la zona territorial.
Cuando Industria, o incluso la CNMC imponen sus sanciones, estas compañías ya no existen. Están vacías. Por no tener, no tienen ni clientes. Pero es más. Estas comercializadoras vacían la empresa para traspasar a los clientes a una nueva comercializadora con la que seguir creando la estafa al mercado. Y todo permitido, la ley deja hacerlo.
¿Cuál es el problema? “Hay que cambiar la ley”, explica Nadal. El secretario de Estado de Energía afirma que para poner fin a este fraude eléctrico por parte de algunas pequeñas ‘comercializadoras malas’ se puede realizar de dos maneras.
Una, aumentando los avales para ser una comercializadora del mercado eléctrico. Actualmente, la normativa es muy blanda. Con formalizar una SL es suficiente, es decir, con 3.000 euros se puede montar una comercializadora.
Antes, por ejemplo, hace 10 años, una comercializadora tenía que abonar un aval de 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas. La diferencia es bastante grande. Pero esta solución no es la idónea para el secretario Nadal porque se estaría poniendo barreras de acceso al mercado y se perdería competencia en el mismo.
Entonces, ¿cuál es la solución? “Todo pasa por acortar los tiempos”, señala Nadal. El Gobierno en funciones tenía junto a la CNMC preparado un borrador de Real Decreto con el que pretendía poner fin a este fraude.
Daría las herramientas suficientes a Red Eléctrica para que informara del fraude en mucho menos tiempo. Pero no solo eso, sino que la acción de la CNMC o el Gobierno para sancionar también sería más efectiva y por tanto una comercializadora de este tipo podría quedar inhabilitada en medio año.
Desde luego sería más rotundo que lo que sucede ahora, y no se dejaría que la bola del agujero fuera in crescendo. Serían muchos menos millones que los consumidores dejarían de pagara a través de la factura y el mercado se quedaría más tranquilo, tanto comercializadoras ‘buenas’ como empresas de generación.
Pero Nadal explica que existe un problema. Que hasta que no haya un nuevo Gobierno este problema va a seguir sucediendo. Al estar en funciones el actual Gobierno no puede aprobar una normativa, ni un Real Decreto. Está cogido de pies y manos. Pero no puede hacer nada.
En este caso y con las elecciones para el 26J, la solución a esta crisis del mercado eléctrico no llegaría hasta septiembre u octubre por lo menos. Y eso siempre y cuando el nuevo Gobierno apruebe esa normativa casi directamente tras llegar a la Moncloa.
Esta es la única vía para frenar esta estafa. Tras tres años aguantando todo esto parece mentira que no se haya tomado cartas en el asunto.