Fuente: El Periódico de la Energía
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha alertado este jueves de que su sector productivo «va a saltar por el aire» si antes del próximo 1 de enero el nuevo Ejecutivo no paraliza el recorte adicional de las retribuciones.
Si no viera la luz una nueva norma sobre la retribución para los pequeños y medianos productores de energía fotovoltaica antes del 1 de enero Anpier ha anunciado movilizaciones de todo el colectivo, en protesta contra lo que ha calificado de «auténtico engaño, atropello y aberración».
El primero de enero de 2020 es la fecha anunciada para la actualización de los parámetros retributivos en la producción fotovoltaica: pasaría del actual retorno del 7,39 % anual por la inversión de cada productor al 4,5 %.
Este retorno, vía factura de la luz, es la cantidad que percibe un pequeño y mediano productor por nutrir a la red de energía proveniente del sol y que compensa anualmente su inversión inicial.
El recorte supondría un 25 % adicional al tijeretazo del 40 % que en dos reformas anteriores soportó este sector fotovoltaico sobre la retribución inicial, que se estableció hace diez años, según ha explicado a Efe el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca.
Ha indicado que el colectivo en su totalidad no va a poder seguir siendo el titular de las plantas foltovoltaicas si se hace efectiva «la fórmula diabólica que dejaron escrita los hermanos Nadal (Alberto, secretario de Estado de Energía, y Álvaro, ministro de Energía y Agenda Digital) y el anterior Ejecutivo del PP», y el ministro entrante de Industria «no la paraliza con urgencia».
Ha añadido que no hay instalación fotovoltaica de España «que pueda soportar» un nuevo recorte y ha opinado que ningún banco refinanciaría instalación alguna.
Ante ese posible escenario, Martínez-Aroca ha subrayado que se beneficiará la banca al «embargar y recoger a precio de saldo» las instalaciones, en tanto que los fondos de inversión, ha dicho, «ya se están frotando las manos para captar todo ese patrimonio».
Detrás de «ese drama» hay, ha calculado, más de 65.000 familias para una población afectada en torno a 300.000 personas con sus ahorros y patrimonio como aval.
El presidente de Anpier ha recordado la promesa que les trasladó la ministra del ramo ahora en funciones, Teresa Ribera, para abordar como una de las primeras medidas del nuevo Ejecutivo el anclaje de las actuales retribuciones.
Esta idea se plasmó este mismo año en un anteproyecto de ley, vinculado a un informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero su trámite quedó paralizado por el fin de la legislatura.
Anpier cuenta con 5.000 plantas asociadas para un colectivo de más de 60.000 personas repartidas en diversos colectivos: familias, hermanos, cooperativas, sociedades mercantiles o sociedades agrarias de transformación.