Como fruto de esa cita, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, emitieron ayer una declaración conjunta avalada por Juncker en la que anuncian “un acuerdo amistoso a propósito del asunto de Almaraz”.
A iniciativa del presidente de la CE, Madrid y Lisboa se comprometen “a un proceso de consulta y diálogo constructivos que resuelva la controversia planteada por la construcción de un almacén temporal individual (ATI) de residuos nucleares en la central de Almaraz”. El conflicto derivaba de la negativa de España a someter el proyecto a consulta con Lisboa, por considerar que sólo se trataba de una nueva instalación en un recinto nuclear ya autorizado previamente.
Tras el acuerdo de Malta, el gobierno de Rajoy se ha comprometido a que “no emitirá ni ejecutará la autorización para comenzar las operaciones del ATI hasta que las autoridades portuguesas hayan examinado la información pertinente y la visita [de expertos portugueses y comunitarios] se haya llevado a cabo”.
La revisión del proyecto deberá ejecutarse en un plazo de dos meses. Y durante ese tiempo, según el acuerdo, “España se abstendrá de tomar cualquier medida que pueda considerarse irreversible”.
¿Victoria española?
A cambio de esos compromisos, el gobierno de Costa acepta retirar la denuncia presentada en base al artículo 259 del Tratado europeo, aunque se reserva el derecho a activar de nuevo ese procedimiento si lo considera necesario en el futuro.
El partido verde Equo, contrario al proyecto, lamentó la decisión y su eurodiputado Florent Marcellesi aseguró que “el gobierno portugués se ha plegado a las presiones del Gobierno español y de la CE, que defienden descaradamente los intereses de la industria nuclear española”. Equo considera que, de facto, Lisboa acepta la prolongación de Almaraz hasta 60 años.
Fuente: Cinco Dias