Fuente: Cinco Días
Un goteo continuo de recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra el Fondo Nacional de Eficiencia Energético (FNEE) se viene sucediendo desde que el pasado 19 de marzo, el BOE publicara las aportaciones para financiar dicho fondo a las que están obligadas casi 300 energéticas este año (216 millones de euros). Las demandas se repiten un año más y es una prueba de la guerra abierta que el sector ha declarado a un fondo que, según la opinión generalizada, no cumple los objetivos de ahorro y es más bien “un impuesto encubierto” o “una vía de financiación” del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), que lo gestiona.
Petroleras, como Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras o la propia patronal de este sector, AOP, así como generadoras y comercializadoras de gas y electricidad como Endesa, Viesgo, EDP, Gas Natural Fenosa, Acciona, Grupo Villar Mir, GDF Suez, Fenie, Fortia o Nexus, han presentado sus respectivas demandas (en algunos casos, varias, pues las aportaciones las realizan filiales)ante el Alto Tribunal. Prácticamente todas ponen en cuestión la metodología utilizada para el reparto de los pagos y que no se cumplen los objetivos de ahorro.
El FNEE, con un volumen de aportaciones de 350 millones de euros anuales, de los cuales un 65% son contribuciones de las empresas y el resto, del Estado, comenzó a aplicarse en el otoño de 2014. Se trata de un fondo creado para la promoción de la eficiencia con la que España se compromete a cumplir los objetivos de ahorro fijados para 2020 por la Unión Europea, que regula la Directiva 2012/27 de la UE. España, que transpuso la directiva en una una ley de octubre de 2014, se comprometió a ahorrar el equivalente a un 1,5% de sus ventas anuales de energía (respecto a la media entre 2010 y 2012).
Así, el reparto es proporcional a las ventas de energía en el mercado nacional a usuarios finales, expresadas en GWh, para las comercializadoras de gas y electricidad, y proporcional al volumen de ventas de energía final para distribuir al por menor, en el caso de los operadores petrolíferos. Fueron excluidas de la lista las comercializadoras muy pequeñas.
La principal reivindicación del sector, dada la falta de transparencia del IDAE y las dudas sobre el destino de los fondos (una parte lo gestionan las comunidades autónomas, lo que se convierte “en un agujero negro”, según lo califican en una empresa) es que, de las dos opciones que ofrece la directiva (o bien pagar un importe al fondo o acogerse al sistema de certificados blancos o de ahorro energético, con el que justificarían medidas propias de ahorro según el catálogo del IDAE), la ley española solo permite el pago como único mecanismo de ahorro.
Esta es la posición, por ejemplo, de BP o de Endesa. Esta petrolera considera “improcedente” la aportación, tanto en el fondo como en la forma, “por la imposibilidad de saber si el cálculo de dicha obligación se ha hecho correctamente”. En el caso de la eléctrica, además de recurrir el método de cálculo, también es partidaria, como BP, de que sean las propias empresas las que destinen ese dinero a actuaciones propias de ahorro, que “resultaría más efectivo”. Endesa ha remitido este año al Ministerio de Industria una propuesta de bono social de la tarifa eléctrica que incluye, entre otras medidas, que los fondos del IDAE se destinen al aislamiento térmico de las viviendas de familias en situación de pobreza energética.
Además de todo ello, en el caso de Repsol, el grupo que más aporta al FNEE (más de 42 millones este año), considera que, en el caso de las petroleras, se ha hecho una mala transposición de la directiva al considerar como sujeto de la obligación de pagar al operador mayorista y no al minorista. En Repsol explican esta “discriminación”, en que es más fácil recaudar el dinero a los que venden al por mayor, que son muchos menos.
Una auditoría al IDAE
Uno de los motivos de la oposición frontal de las compañías a contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) son las dudas sobre el destino del dinero. Fuentes empresariales aseguran que el organismo dependiente de Industria tiene un superávit y apuntan al que había acumulado en 2013 (unos 600 millones), que el Gobierno obligó a destinar a recortar el déficit de tarifa en el marco de la reforma eléctrica.
Otras fuentes se lamentan de “no haber recibido ninguna información oficial, más allá de la transparencia que haya querido ofrecer el organismo en su WEB o en declaraciones públicas”. En este sentido, en el sector reclaman una auditoría e insisten en que sean las compañías las que apliquen medidas de eficiencia que supongan una reducción de su consumo de energía.
De las casi 300 empresas que financian el fondo, son las grandes petroleras las que más pagan, junto con Endesa y Gas Natural Fenosa (ver gráfico). Todas las grandes y buena parte de las pequeñas empresas han recurrido las aportaciones de 2014, 2015 y 2016 incluidas en las correspondientes órdenes ministeriales. Por el momento, los fallos judiciales que se han dictado se refieren a devoluciones por que se les ha cobrado de más. En algunos casos, como Repsol, se han negado ha aceptar estas devoluciones, pues es el sistema en sí lo que la compañía rechaza.