Fuente: El País. Daniel Cordero
El 5 de diciembre es el día límite para que las empresas europeas de más de 250 trabajadores y una facturación superior a los 50 millones de euros presenten una auditoría de eficiencia energética que permita detectar potenciales focos de ahorro eléctrico. Es una obligación marcada por una directiva europea aprobada en 2012. Pero en España hay un problema: el Gobierno no ha adaptado la norma, por lo que las compañías afectadas no saben a qué tipo de evaluación someterse ni a qué Administración (autonómica o estatal) presentar la documentación.
El Ministerio de Industria asume a través de un correo electrónico que la tramitación administrativa
del proyecto de real decreto que dará cobertura legal a esas auditorías “continúa en curso” y evitan
dar una previsión de fecha para tenerla aprobada. El sector de las certificadoras tiene dudas de que,
si se aprueba a tiempo, se puedan realizar las auditorías a las 2.100 empresas en los meses que
quedan hasta diciembre.
Desde Bureau Veritas, una de las compañías que tendrá que elaborar esas auditorías, señala que “las
compañías van a disponer de poco plazo y los técnicos cualificados para realizar estas auditorías
pueden resultar insuficientes” ante la rapidez con la que se tendrá que empezar a realizar los
trabajos. Industria admite que el decreto que está pendiente de aprobación —debía estar aprobado en
junio pasado— marcará las características que tendrán que cumplir “las auditorías energéticas, la
acreditación de los proveedores de servicios y auditores energéticos y contabilización de consumos
energéticos”. Es decir, que antes de que las evaluaciones puedan efectuarse se tendrán que superar
otras tramitaciones burocráticas.
Las comunidades autónomas podrían entrar en la tramitación si se repite el modelo de los
certificados de eficiencia energética de los edificios, cuyo registro asumieron. Pero la Generalitat de
Cataluña, por ejemplo, no tiene conocimiento de ello.
La directiva se marca como objetivo mejorar un 20% la eficiencia energética de la Unión Europea en
el horizonte de 2020. El mismo texto asume la dificultad de lograr un hito marcado en el Consejo
Europeo de 2007. El retraso con el que va el Gobierno en la tramitación legislativa puede agravar el
problema, además de la posibilidad de que la Comisión Europea abra un expediente sancionador y
acabe imponiendo una multa al Estado.
Reducción de Costes
Las compañías que deban superar la auditoría tendrán que analizar el consumo energético en sus
diferentes edificios —de oficinas o industriales—, pero también el derivado de la producción y del transporte de la compañía. Los análisis deberían ofrecer alternativas para rebajar el gasto energético,
lo que podría revertir en una reducción de costes. Antes de esos ahorros, Bureau Veritas cifra en unos
20 millones de euros la cantidad que las empresas tendrán que desembolsar para asumir el coste de
las auditorías.
El Ministerio de Industria defiende que los principales contenidos normativos que fija la directiva
europea “se han cumplido en plazo y forma” y argumenta que la norma comunitaria trata “aspectos
muy diferentes entre sí y totalmente independientes en el ámbito de la eficiencia energética”, desde la
renovación de edificios, hasta la adquisición de productos o la distribución de energía. El problema es
que la trasposición de toda la directiva debía estar lista en junio de 2014.
Uno de los borradores del decreto de Industria señala que las empresas deberán pasar por una
auditoría cada cuatro años. Existiría una alternativa: aplicar un sistema de gestión energética o
ambiental.