Fuente: El Economista
Un total de 1.292 grandes empresas no ha sometido sus instalaciones a una auditoría energética, por lo que afrontan sanciones que pueden llegar a los 100.000 euros en determinados supuestos, siempre que sean descubiertas por las inspecciones que hagan las comunidades autónomas.
El pasado 14 de febrero era el último día, de acuerdo con el Real Decreto 56/2016, para que unas 3.800 grandes empresas -más de 50 millones de facturación o 250 empleados- presentasen el resultado de sus auditorías energéticas en los registros autonómicos, y el sector ha hecho balance de la aplicación de la norma.
Según los datos presentados ayer por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (a3e) en la feria de Genera, un tercio de las 3.800 grandes empresas -con unos 23.400 inmuebles en total- no se ha sometido a la auditoría, ya sea porque el decreto se aprobó en febrero de 2016, cuando tenían cerrado el presupuesto anual, ya por desconocimiento, ya porque las sanciones -de 10.001 a 60.000 o 100.000 euros en ciertos supuestos agravantes- no han sido intimidatorias.
Además, la mitad de los dos tercios de las compañías que ha hecho la auditoría no tiene intención de invertir para reducir su consumo de energía. No obstante, 727 empresas sí van a mejorar su eficiencia durante este 2017 al aplicar las medidas identificadas durante el análisis del consumo.
El sector, cuyos ingresos han crecido un 17% de media, confía en que este año el negocio se reduzca en relación a 2016, pero que se mantenga por encima de años anteriores, ya que la norma ha servido para generar mercado.