Las vacilaciones y contradicciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, y del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el primero anunciando un voluminoso déficit de tarifa para este año y, el segundo, empeñado en negarlo o calificarlo de residual, han tocado a su fin. Lo que era un secreto a voces, esto es, que Hacienda no aportaría el crédito extraordinario de 2.200 millones aprobado por el Parlamento para sufragar costes del sistema eléctrico en 2013, no solo se ha confirmado, sino que supone legalizar la situación de cara al Tribunal Supremo. El Alto Tribunal está a punto de fallar sobre las medidas cautelares solicitadas por las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, en sus recursos contra la orden de tarifas de agosto.
La enmienda presentada el viernes in extremis por el Grupo Popular en el Senado al proyecto de la ley eléctrica, reconoce la existencia de un déficit este año por “un importe máximo” de 3.600 millones de euros y abre la puerta a que las cinco grandes del sector, que han de financiar dicha deuda en 15 años a precios de mercado, puedan “cederla a terceros” mediante un mecanismo aún por desvelar pero que, con toda probabilidad, no contará con el aval del Estado, como se había hecho hasta ahora a través del FADE. Las nuevas emisiones, por tanto, competerían con este fondo.
En la justificación de dicha enmienda está la clave de una decisión, que ha causado profundo malestar en el sector. La propuesta del PP responde a la decisión (no dice de quién) de suspender dos partidas presupuestarias previstas para el sistema: el citado crédito de 2.200 millones y otros 900 millones correspondientes a la mitad de los sobrecostes de los sistemas extrapenínsulares.
Pero, ¿por qué legalizar la suspensión de un crédito que no suponía para Hacienda una obligación de gasto? Distintas fuentes consultadas coinciden en que la razón está en el gran temor del Gobierno y los abogados del Estado a que el Supremo acepte las cautelares y, en el mejor de los casos, suspenda la orden de peajes de agosto y le obligue a elaborar una nueva. Se da la circunstancia de que la de agosto, aprobada en el fervor de la reforma eléctrica, incluía ya como un ingreso el crédito de Hacienda que aún no había sido aprobado. Ello y unas previsiones optimistas de ingresos (de demanda o recaudación de los impuestos a la generación) dieron como resultado sobre el papel un sorprendente superávit de tarifa de 21 millones.
Los recursos presentados por las eléctricas de Unesa y otras como Acciona, argumentan que el crédito no existía en aquel momento, lo que obligaba a una subida de los peajes mucho más elevada o al reconocimiento ya de un déficit que la reforma de Nadal se empeñó en obviar. El problema ahora es que el crédito sí está disponible y, aunque Hacienda no tenga intención de liberarlo, el Supremo podría obligar a desembolsarlo o, en su defecto, a que el desfase lo paguen los usuarios al haber expirado en enero el viejo mecanismo de financiación del déficit. Pero, una vez más, el Gobierno lo ha resucitado al prometer por ley a las cinco grandes eléctricas que recibirán de forma aplazada la deuda con un tipo de interés de mercado. Fuentes solventes aseguran, además, que el Ministerio está presionando a las empresas para que retiren sus recursos a cambio de ser “benevolente” a la hora de fijar reglamentariamente la cesión de los derechos de cobro, tal y como señala la enmienda.
Las eléctricas, obligadas a financiar al Tesoro
La ley tramitada este año en las Cortes para aprobar una partida extraordinaria de 2.200 millones destinados a sufragar costes de la tarifa y ayudar a Industria a cumplir con su palabra de que el Estado contribuiría a terminar con el déficit de tarifa, establecía que ese dinero se obtendría con cargo a emisiones del Tesoro. Con la enmienda presentada por el PP al proyecto de ley eléctrica, el Gobierno cambia estas emisiones por deuda forzosa que tendrán que emitir las eléctricas.
Así, estas “ya no financian al sistema eléctrico, sino al Estado”, aseguran fuentes empresariales. Las más afectadas son las dos grandes, pero muy especialmente Endesa, no solo porque financia el mayor porcentaje, sino porque el Gobierno también ha roto su promesa de pagar vía presupuestos la mitad de los incentivos a los sistemas extrapenínsulares que explota esta compañía. La situación es más grave, si cabe, teniendo en cuenta que la propietaria de Endesa, Enel, está controlada por el Estado italiano, que “no es ajeno a esa obligación de pagar el déficit público español”, aseguran las mismas fuentes.
Aunque el Gobierno podía haber recurrido a la ley de presupuestos que se tramita en paralelo para introducir las polémicas enmiendas, el temor a un fallo rápido del Supremo sobre las cautelares solicitadas por las eléctricas, le ha llevado a recurrir a la ley eléctrica que se aprobará a mediados de este mes, antes que la de Presupuestos.
Fuentes jurídicas aseguran que las cautelares se han debatido en el pleno del Tribunal, lo que demuestra discrepancias en la sección que lleva el recurso contra la orden de tarifas.
El cambio de última hora augura futuras subidas en el recibo de la luz
La enmienda del PP sobre el déficit, deja claro que los 3.600 millones son el “importe máximo” que se reconoce (el que financiarán las eléctricas), “sin perjuicio de los desajustes temporales que pudieran producirse”. En otras palabras, no se descarta un déficit superior que, al no estar reconocido, deberán pagar los consumidores con nuevas subidas en el recibo de la luz.
Para no asumir los 900 millones prometidos para pagar la mitad de los incentivos a los sistemas extrapeninsulares, el PP, a través de una segunda enmienda, recurre a problemas contables. Hasta ahora, esta partida se pagaba a año vencido, de hecho, ese importe, correspondiente a los costes de 2013, figura en los Presupuestos de 2014 en trámite. Este sistema produce “un desfase entre el devengo de la obligación económica –momento en que se imputa en la contabilidad nacional- y su aplicación en presupuestos”, justifica la enmienda. A partir de ahora, se pagará cada año con una estimación inicial y una liquidación final. Eso sí, la medida se aplicará a partir del 1 de enero de 2014, por lo que los citados 900 millones se quedan en el limbo del déficit de tarifa.
Aunque no queda claro de dónde procede la diferencia entre las dos partidas presupuestarias (la del crédito extraordinario por 2.200 millones y la de los incentivos a las islas) y el déficit de 3.600 millones de euros que el Gobierno reconoce, todo apunta a un déficit de ingresos por la menor demanda, que se estimó al alza, y por la menor recaudación de los impuestos a la generación eléctrica.