Fuente: El Economista
El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se reunió este miércoles con los representantes de Iberdrola y de Naturgy para desbloquear la situación de las centrales nucleares en España.
Iberdrola y Naturgy pidieron el pasado mes de diciembre una reunión con Domínguez Abascal y en el encuentro celebrado este miércoles aprovecharon para explicarle su planteamiento para ganar tiempo, antes de tomar una decisión sobre el futuro de estas centrales.
Ambas compañías quieren que el Gobierno disponga de un plazo, como mínimo, de cuatro años para poder decidir sobre el cierre ordenado de estas plantas o la posibilidad de continuar operando bajo un marco retributivo estable, que garantice su rentabilidad.
Para ello, plantearon al Ejecutivo la modificación del artículo 20 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, de modo que en el supuesto de que se solicite la renovación de la autorización de una nuclear sin precisar en la solicitud el plazo por el que se pretende ampliar los permisos se pueda entender que esta opción equivalga a lo que resta a dicha planta para alcanzar su vida de diseño, es decir, llegar a los 40 años.
Mayor plazo de vida
Con esta medida, que no ha sido secundada por Endesa aunque se le ofreció por parte de Iberdrola y Naturgy, se permitiría dar un plazo adicional de vida con las inversiones anuales ordinarias, de modo que el Gobierno gana tiempo para tomar una decisión sobre la explotación más allá de ese periodo. En tal caso, el contenido de la correspondiente Revisión Periódica de la Seguridad de la central se ajustará también al plazo por el que se entiende solicitada la renovación, sin perjuicio de que posteriormente se hubiera de realizar otra revisión de seguridad.
Esta modificación normativa no impediría ulteriores renovaciones que pudieran acordarse una vez alcanzada la vida de diseño, de tal modo que si luego la compañía que preside Borja Prado o las mismas Iberdrola o Naturgy quisieran continuar con las plantas más allá de los 40 años lo pudieran hacer, pero eliminando el riesgo de que el solicitante de la renovación pueda quedar cautivo con un mayor plazo si la Administración, por razones de interés general, así lo acordara. De hecho, el Gobierno, amparándose en informes de seguridad de suministro de REE, podría negarse a aceptar el cierre de alguna de estas centrales o forzar su prolongación.
El planteamiento realizado por Iberdrola y Naturgy resultaría sencillo de aplicar y no supondría ningún obstáculo a la viabilidad jurídica de esta propuesta.
El artículo 28.1 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear, remite a su desarrollo reglamentario el establecimiento del «régimen jurídico de las autorizaciones» que han de obtener las centrales nucleares, sin imponer ninguna restricción en cuanto al plazo de las renovaciones de las autorizaciones de explotación. Y, en cuanto a la Revisión Periódica de la Seguridad de las centrales, se establece que la misma ha de llevarse a cabo «al menos» cada diez años, razón por la que es plenamente conforme a Derecho su exigencia por un plazo inferior.
Endesa, por su parte, está abierta a cualquier tipo de acuerdo que le permita seguir operando nucleares a largo plazo, ya que de lo contrario su matriz Enel recibiría un impacto considerable en sus cuentas. En este sentido, la eléctrica propone quedarse con la gestión de las tres centrales que hay en Cataluña para operarlas hasta los 50 años y dejaría en manos de Iberdrola y de Naturgy la decisión sobre el resto. De este modo, Endesa se quedaría el 28% de Iberdrola en Vandellós II y el 15% de la eléctrica vasca de Ascó II a cambio de que Endesa entregara a su vez el 36% de la central de Almaraz, la primera sobre la que se debe decidir este próximo mes de marzo, pero la valoración de estas participaciones ha supuesto un problema para llegar a un acuerdo.
El Gobierno está poniendo en marcha un grupo de trabajo sobre el desmantelamiento de las centrales
La nuclear de Almaraz celebrará el próximo 29 de enero una reunión ordinaria y se espera que posteriormente pueda dar cumplimiento a la petición realizada en la anterior reunión de una convocatoria extraordinaria para estudiar el futuro de la planta. Por el momento, la convocatoria oficial de esta reunión adicional todavía no se ha realizado, pero podría hacerse coincidir.
Transición Ecológica, además, está poniendo en marcha un grupo de trabajo sobre el desmantelamiento de las centrales, que estará encabezado por Cayetano López, tal y como desveló el Periódico de la Energía. El catedrático de Física Nuclear fue director general del Ciemat hasta 2016 y se estaría poniendo en contacto con distintos profesionales del sector para formar parte de este grupo, que debe colaborar en la elaboración del nuevo plan de residuos nucleares