Francia lo tiene claro. Quiere acabar con el carbón y quedarse con el gas para generación de electricidad. La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, anunció que el compromiso de su país de imponer una tasa a las emisiones de carbono (CO2) se cumplirá desde enero de 2017 con un mecanismo aplicado a las centrales de carbón, lo que deja entrever que no se verán afectadas las de gas.
Royal informó en un comunicado de que se fijará un precio mínimo del carbono generado en la producción de electricidad desde el 1 de enero, como ya lo había anunciado el presidente, François Hollande, y detalló que estará “concentrado en las centrales de carbón”.
Se trata, según el departamento de Ecología, de que “la ganancia medioambiental sea significativa” y de que, al mismo tiempo, se preserve “la seguridad del sistema eléctrico”.
Es una forma de sugerir que el gravamen no pesará sobre las centrales de gas, que habían advertido de que incrementar sus cargas favorecería las importaciones de electricidad y, a la larga, pondría en peligro el parque francés.
El anuncio siguió a la presentación de las conclusiones de una misión que Royal había encargado a tres grandes conocedores del sector en abril, cuando Hollande anunció su compromiso de poner en práctica el acuerdo internacional sobre el cambio climático consensuado en París en diciembre de 2015.
Precio de carbono
La ministra aprovechó para avanzar que Francia apoyará la propuesta de varios parlamentarios europeos de que se incorpore en la directiva sobre el mercado del carbono un mecanismo con una tasa a las emisiones en función de “un corredor” con un máximo y un mínimo.
Y dijo que, si se estableciera a escala europea un precio del carbono de al menos de 20 euros por tonelada, Francia podría esperar recaudar cerca de 1.000 millones de euros anuales, frente a los 315 millones conseguidos en 2015.
Royal propondrá al presidente del Banco Mundial la puesta en marcha de “una iniciativa de alto nivel para fijar un precio del carbono deseable a nivel internacional”, con vistas en el objetivo de limitar el calentamiento climático a un máximo de 2 grados.
En su informe, los expertos proponen que la tasa sobre las emisiones de CO2 en la UE se haga con un corredor de precios para dar visibilidad a los actores económicos y acelerar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero.
Su sugerencia es que la horquilla sea para 2020 de 20-30 euros como mínimo y 50 como máximo, con incrementos anuales entre el 5% y el 10%, con el objetivo de que en 2030 el valor mínimo sea de al menos 50 euros.