Dos de las medidas estrella de la reforma eléctrica que el Gobierno aprobó en julio del año pasado hacían referencia a las nuevas fórmulas para retribuir las actividades del transporte (que afecta esencialmente a REE y en muy poca medida a Gas Natural Fenosa que aún mantiene redes residuales de alta tensión) y la distribución (que gestionan las grandes eléctricas y unas 300 pymes). El real decreto ley 9/2013 por que se adoptaron medidas urgentes para acabar con el déficit de tarifa, establecía una metodología transitoria para el cálculo de dicha retribución en tanto se aplicara la definitiva que figuraba en otro real decreto, el 1047/2013.
Aunque ya ha transcurrido el tiempo suficiente para desarrollar el nuevo sistema de cálculo, de hecho, el último trámite estaba a punto de ultimarlo la CNMC, el pasado noviembre, el Ministerio de Industria decidió mantener la antigua metodología, tanto del transporte como a la distribución a la hora de elaborar la orden de peajes de 2015, que entró en vigor el pasado día 1.
Fuentes del sector coinciden en denunciar que la medida ha tenido como fin no perjudicar a REE, ya que con el método actual ve aumentar sus ingresos un 1,8% mientras que si se le aplicase el nuevo, aquellos le habrían caído un 8%. Los peajes que acaban de entrar en vigor incluyen unos ingresos para el operador del sistema eléctrico de 1.654 millones de euros, mientras que con la que debería haberse aplicado esta cifra habría bajado a 1.566 millones de euros.
Esta comparación se recoge en el informe de respuesta a la solicitud de datos de Industria a la CNMC para la elaborar el escenario de costes e ingresos del sistema eléctrico para 2015, que el organismo remitió el 26 de noviembre al ministerio. Si bien, en el sector aseguran que el perjuicio para REE de haberse utilizado una u otra fórmula es de unos 200 millones de euros.
Para la aplicación del nuevo sistema retributivo para las redes faltaba una propuesta de costes unitarios, que, según distintas empresas consultadas, la CNMC tenía ya cerrada a mediados de noviembre. “El regulador se demoró mucho en remitirlo al ministerio y este elaboró la orden de peajes, sorprendentemente con rapidez este año, sin tenerla en cuenta”. Al fin y al cabo, aunque la medida habría supuesto un ahorro para los consumidores se trataba de que la propuesta de peajes no arrojara déficit de tarifa alguno, para poder congelarlos y ese objetivo ya se cumplía.
Mientras en el caso del transporte el nuevo sistema es claramente negativo para REE y beneficioso para el usuario, en el de la distribución el coste sería similar al actual, aunque el reparto por compañías varía. Las grandes, como Endesa o Iberdrola, salen perjudicadas, si bien, consideran que pueden compensarlo. En términos generales, en el caso de la distribución las afectadas habrían preferido su aplicación ya, “pues es un modelo que proporciona más seguridad y debía haber sido aprobado ya pues formaba parte de la reforma eléctrica”, señalan fuentes empresariales.
Sin noticias de los precios horarios
Aunque se da por hecho que antes de abril se aplicarán los nuevos precios horarios (PVPC) a los consumidores domésticos acogidos a la antigua TUR, lo cierto es que el procedimiento para su aplicación aún no se ha aprobado. Este lo ha elaborado con un grupo de trabajo dirigido por la CNMC en el que han participado las empresas afectadas, y el propio regulador ha aprobado un dictamen sobre el mismo.
Todo apuntaba a que se aprobaría el 1 de enero con un plazo transitorio de tres meses para cobrar precios por horas a los usuarios con contador inteligente y conectado. El citado procedimiento aún no se ha aprobado pero, en última instancia, el PVPC se aplicaría como mucho un mes después de su entrada en vigor.
El procedimiento regulará, principalmente, el intercambio de información sobre los clientes entre las distribuidoras (encargadas de gestionar los contadores) y las comercializadoras. Fuentes del sector llaman la atención sobre el cambio de actitud de las grandes eléctricas, que han pasado de la protesta energética (individualmente y a través de la patronal Unesa) al considerar que no podían cumplir los plazos, a aceptar sin más que el nuevo sistema se puede aplicar en este primer trimestre.
Según algunos rumores, el ministerio habría aceptado la petición de las eléctricas de que el PVPC se aplique solo a los clientes que compartan distribuidora y comercializadora de un mismo grupo empresarial. Una medida de la que no hay constancia, y que supondría una nueva discriminación de un sistema que beneficiará a los consumidores con los nuevos contadores, y que dejará fuera a los que no los tengan adaptados (algo que no depende de su voluntad).