El Gobierno se ha empeñado en repetir que la luz para los consumidores con tarifa de último recurso (TUR) ha subido en enero un 2,3%: un 1,4% por el precio de la electricidad intervenido tras ser anulada la Cesur y otro 0,9% por los peajes. Pero lo cierto es que estos últimos aún no han subido. Un año más, Industria ha remitido fuera de plazo a la CNMC para su dictamen la orden de los peajes, a la que ya han presentado sus alegaciones las empresas y asociaciones afectadas.
Entre las observaciones de Unesa figura una vieja propuesta: que el ICO, u otro organismo público, adquiera el el déficit de tarifa de 2013 que, por un importe mínimo de 3.600 millones de euros, reconoce la nueva Ley Eléctrica. Una deuda inesperada para las cinco grandes eléctricas y que afloró tras la negativa de Hacienda de aportar los 3.100 millones comprometidos en los Presupuestos para el sistema eléctrico (el crédito extraordinario de 2.200 millones y 900 millones de las extrapeninsulares).
Con un problema añadido: que la deuda que deben financiar carece de cobertura legal para cederla con la garantía del Estado y, de momento, sobre el papel su obligación es financiarla a 15 años al 2%. Aunque se supone que las compañías están negociando con el Gobierno una solución, su patronal critica la situación creada, que supondrá “un deterioro de sus balances y empeoramiento de sus condiciones crediticias”. La nueva deuda agravaría la financiación de las inversdiones y la refinanciación de las empresas.
Unesa pide un desarrollo reglamentario urgente, para antes del 31 de enero, con las condiciones de cesión de los derechos de cobro de la totalidad del nuevo déficit que les permita cobrar la deuda antes del 30 de junio.
Aunque los peajes no están aprobados, el Gobierno los quiere aplicar con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Teniendo en cuenta que desde esa fecha se ha aplicado la subida del precio eléctrico intervenido (el 1,4% citado), Unesa pide que los peajes se revisen desde que se apruebe la orden, para evitar refacturaciones. Para ello solicitan un reajuste para que todo el año se cobre lo mismo.
La patronal de las eléctricas incide en que la tasa de retribución del 6,5% para la distribución no garantiza una rentabilidad razonable a una actividad de servicio público. Y reivindica como parámetro “internacionalmente aceptado” para medir la rentabilidad el coste medio ponderado del capital (WACC), con el fin de retribuir adecuadamente el capital propio y el coste de la deuda.
La tasa propuesta “es discriminatoria respecto a otras actividades, como las energías renovables o cogeneración, cuando estas tienen un nivel de endeudamiento más elevado”, o “como el transporte (REE)», señala Unesa.
La orden de peajes eléctricos prevé unos ingresos anuales del sistema de 15.000 millones y unos costes de 18.800 millones, lo que supone un recorte de 2.500 millones, la mayoría procedentes de las menores primas a las renovables. Aunque la distribución apenas se reduce en 10,5 millones (hasta 4.893 millones), las empresas dicen que el recorte ya lo sufrieron en 2013.
La patronal también rechaza por insuficiente y sin justificación la partida de 256 millones, como precio regulado por la quema de carbón nacional, pues no se recogen adecuadamente los costes.Asimismo, considera que la partida para los sobrecostes de las islas, que deben financiar los Presupuestos, es “de alto riesgo”, y pide que se inyecte la cuantía prevista y con prontitud. Y reclama que, a la mayor brevedad posible, se establezca el tipo de interés definitivo por los déficit desde 2009, pues aquel (el 2%) es provisional.
La patronal pide una contrapartida por el bono social
Unesa critica que la propuesta de orden de peajes de 2014 mantiene un recorte del 75% de la retribución por gestión comercial y de los incentivos a la calidad. Además, añade la patronal, la amortización de los déficits acumulados en años pasados no suma los 2.687 millones que figuran en el texto, sino 3.072 millones. De no ser una errata, señala, el déficit este año se situaría en 655 millones de euros, no los 98 millones que figuran en la orden.
Desde el 1 de enero, la financiación de los desfases tarifarios no corresponderán solo a las grandes eléctricas, sino a todas las reguladas. Según la Ley Eléctrica, si, entre otros, el déficit el superior al 2% de los ingresos estimados se subirán automáticamente los peajes. Unesa recuerda que este es un mecanismo previsto para déficit ex-pos (a posteriori), pero la orden de peajes establece un déficit a priori, “vulnerando claramente el espíritu del legislador”.
Otra de las alegaciones hace referencia a la financiación del bono social, que el Gobierno reparte entre 27 grupos de sociedades, en su mayor parte entre las eléctricas. La patronal recuerda que el Supremo, a raíz de una demanda de Iberdrola, rechazó la obligación que se les impuso de financiar dicho descuento. En todo caso, señaló la sentencia, la financiación debía recaer en todo el sistema.
Unesa considera que, por tratarse de una medida de política social, las eléctricas deben recibir a cambio una contrapartida, y muestra sus dudas sobre el reparto entre los 27 grupos.
En este sentido, reclama la devolución de los importes pagados antes de la sentencia del Supremo a las cuatro eléctricas que no recurrieron inicialmente, pero que se sumaron después a la sentencia.
En su opinión, los costes de la red deben asignarse no en función de la energía, sino de la potencia demandada.