La construcción de un depósito temporal de residuos radiactivos en la central nuclear de Almaraz, situada en la provincia de Cáceres, a poco más de 100 kilómetros de la frontera con Portugal, ha desatado un conflicto diplomático entre Lisboa y Madrid que tiene escasos precedentes en el seno de la UE. El Gobierno portugués ha invocado ante Bruselas el potente artículo 259 del Tratado de la UE para intentar frenar de forma drástica la puesta en marcha del cementerio, lo que colocará el futuro del almacén –salvo acuerdo de última hora– bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE en apenas tres meses. La dura y tajante decisión de Portugal llega tras las reiteradas negativas del Gobierno español de someter el proyecto de Almaraz a un estudio medioambiental conjunto entre ambos países. Negativa que desembocó el pasado 12 de enero en una ruptura del diálogo entre ambas partes, tras lo cual Lisboa ha optado por la embestida jurídica como medio para hacer valer lo que considera su derecho. El artículo 259 ha sido invocado en muy contadas ocasiones y siempre para resolver conflictos graves sobre asuntos de extrema sensibilidad política. Así sucedió con la tragedia de las vacas locas que enfrentó a Reino Unido y a Francia o las disputas entre Londres y Madrid por la soberanía sobre Gibraltar. La tramitación de la ofensiva portuguesa pasa primero por la Comisión Europea, que dispone de tres meses para resolver la queja. Bruselas tiene dos opciones: o bien apoyar a Portugal e iniciar un expediente contra España o bien inhibirse y pasar la pelota al tejado del Tribunal de la UE. Ello provocaría un choque procesal frontal sin precedentes entre dos Estados miembros.
La posición española en el conflicto tiene, a priori, un talón de Aquiles: el hecho de que la declaración de impacto ambiental del almacén de Almaraz fue aprobada el pasado diciembre por un Gobierno en funciones y lo que es más grave, sin dar la palabra a Portugal, un derecho que Lisboa posee por el Tratado Euratom. Pese a ello, el probable bloqueo que se avecina sobre Almaraz puede servir de acicate para desbloquear el almacén centralizado (ATC) de Villar de Cañas, en Cuenca, pensado para albergar los residuos radiactivos de todo el parque español, pero pendiente de que la justicia se pronuncie sobre su legalidad.
Existe una tendencia creciente a sustituir la energía nuclear por fuentes más limpias y seguras –así ha ocurrido en Alemania, por ejemplo– pero las centrales nucleares tienen todavía un papel fundamental en la generación y el coste de la energía. Aun en el caso de que se descartase la construcción de nuevas instalaciones, las existentes seguirán activas un tiempo y los criterios de eficiencia económica aconsejan sacarles partido. Ello exige solucionar el problema de los residuos y hacerlo a un coste razonable y sostenible para España.
Fuente: Cinco Días