Fuente: Cinco Días
Según Naciones Unidas, el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una presión adicional para nuestras sociedades y el medio ambiente. Sin embargo, los compromisos asumidos por la comunidad internacional en el Acuerdo de París (COP21) no son suficientes para contener el incremento de la temperatura por debajo de los 2ºC –valor considerado por los científicos como a partir del cual existe un elevado riesgo de cambios climáticos irreversibles– y conseguir la neutralidad de emisiones en la segunda mitad de este siglo. Ante esta situación, la Unión Europea ha asumido el liderazgo mundial de la descarbonización, y está evaluando mayores esfuerzos, como la reciente aprobación en el Parlamento Europeo de una iniciativa para elevar el objetivo de renovables al 35% en 2030, frente al actual 27%. En el caso de España, la necesidad de avanzar en estos compromisos ha llevado a la creación de una comisión de expertos sobre escenarios para la transición energética, que acaba de presentar sus conclusiones.
Descarbonizar la economía española para cumplir con los objetivos de la Unión Europea a 2050 supondrá transformaciones estructurales: requeriría emitir en dicho año menos de 88 MtCO2, cuando actualmente se emiten 336 MtCO2. Con el objetivo de profundizar en estas transformaciones, Monitor Deloitte ha presentado recientemente el estudio “Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050: la eficiencia energética y la electrificación”. En dicho estudio hemos analizado las dos incertidumbres críticas asociadas a la evolución de la demanda energética final –la electrificación de la demanda y el desarrollo de la eficiencia energética en equipos– y por ello, a la descarbonización de la economía.
Un escenario de alta electrificación y eficiencia energética permitiría asegurar el cumplimiento a 2030 y 2050, realizando una transición eficiente. La electrificación masiva de la demanda, con una penetración de 5 millones de vehículos eléctricos a 2030, junto con la aplicación de medidas de eficiencia energética, como multiplicar por 4 el ritmo actual de rehabilitaciones energéticas en edificación, o la modernización de procesos productivos en la industria, permitirán una reducción de la intensidad energética de más de un 2% anual. A 2050, permitiría disminuir el consumo de energía final hasta 60 Mtep, desde los 80 Mtep actuales, y reducir las emisiones de CO2 a 65 MtCO2. Cabe destacar, que la electrificación es ya actualmente el modo más eficiente de reducir el consumo energético – y si es generada con renovables, de abatir emisiones. Por ejemplo, un vehículo eléctrico puede consumir un 60% menos energía que un vehículo convencional, y permite integrar energía procedente de fuentes renovables en un 100% de su consumo. Por el contrario, un escenario sujeto al desarrollo exclusivo de la eficiencia energética, permitiría cumplir con un margen muy reducido los objetivos a 2030, pero es insuficiente en el largo plazo. Por ejemplo, incrementar la eficiencia energética para cumplir a 2030 requeriría esfuerzos muy relevantes por la demanda final, como incrementar por 8 el ritmo actual de rehabilitaciones en el sector edificación, pero con una reducción limitada de emisiones que no permite cumplir a 2050. Por otro lado, el gas natural deberá ser el otro vector energético imprescindible en la transición energética, con un potencial de crecimiento muy relevante en los sectores industrial, transporte y servicios, desplazando al producto petrolífero y al carbón, en especial en aquellas aplicaciones en las que no se vislumbran tecnologías electrificadas en el medio plazo.
Conseguir que la generación de electricidad sea libre de emisiones al menor coste solo se consigue apostando por tecnologías maduras y garantizando la seguridad de suministro, lo que implica aprovechar el parque actual de generación firme de respaldo. Las tecnologías renovables con mayor madurez en la transición seguirán siendo no gestionables –solar fotovoltaica y eólica–, por lo que seguiría siendo necesaria la generación firme de respaldo. Mantener la generación firme de respaldo –mientras la prometedora tecnología de almacenamiento se sigue desarrollando– permite garantizar la seguridad de suministro y cumplir con los objetivos. Prescindir prematuramente de la generación convencional– nuclear, gas, etc. – podría poner en riesgo la seguridad de suministro o incrementaría el coste de la transición. A modo de ejemplo, no extender la vida operativa de las centrales nucleares –tecnología de generación sin emisiones de gases de efecto invernadero– implicaría una inversión adicional de 3.000 millones de euros en generación firme, que incrementaría el coste del suministro eléctrico en entre 5 y 10 euros/MWh a 2030.
La transición fomentará la actividad económica –con inversiones incrementales de 310.000 millones de euros sobre un escenario continuista–, mientras reduce las importaciones energéticas y el precio del vector con mayor peso en la demanda, la electricidad. El cumplimiento de todos los objetivos implica inversiones en sectores con alto impacto en la generación de actividad económica y empleo en nuestro país, por ejemplo, la rehabilitación de edificios, energías renovables, redes energéticas o movilidad. Estas inversiones tendrían dos efectos adicionales muy positivos: la reducción de las necesidades de importaciones de productos energéticos –en 380 mil millones de euros a 2050, comparado con un escenario continuista– y la reducción del coste de la energía para los consumidores– de un 30%-35% a 2030 y un 50%-55% para 2050. Además de la mayor actividad, la reducción de las importaciones de productos energéticos reduciría la vulnerabilidad de nuestra economía por la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas.
La transición energética ha de ser liderada por la Administración pública, pero con una intensa coordinación con empresas y consumidores, para lo que se tendrán que consensuar las políticas que fomenten esta transformación. Entre otras, la transición requerirá actuaciones que establezcan un marco claro para que todos los agentes participen en la descarbonización, incentiven que empresas y hogares modifiquen sus patrones y modos de consumo de energía e integren la energía renovable en el mix de generación. Estas actuaciones se tendrán que acompañar de las políticas económicas que permitan maximizar la creación de empleo y actividad en sectores clave para la economía española.
En definitiva, luchar contra el cambio climático requiere profundos cambios en nuestro modelo energético y es ya un compromiso ineludible para la sociedad. La transformación del modelo energético no es solo una necesidad para asegurar la sostenibilidad, también es una oportunidad para fomentar la actividad de nuestras empresas y garantizar una economía más competitiva.