Fuente: El Confidencial
El Ministerio de Transición Ecológica prepara una orden ministerial para pagar unos extracostes a las eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo, fundamentalmente) vía factura de la luz, después de que una sentencia del Tribunal Supremo así lo dictaminara.
Según la memoria económica del borrador elaborado por la Secretaría de Estado de Energía a la que ha tenido acceso El Confidencial, el recibo subirá de manera diferente en cada comunidad autónoma para pagar 110 millones de euros en total. De ese montante, la peor parte se la llevan Galicia y Castilla y León, que tendrán que asumir casi 70 millones de euros entre las dos.
El Ejecutivo imputará al consumidor medio (600€/año) gallego una subida de su recibo de 15,75 euros al año, mientras que a los castellanoleoneses les tocará pagar 13,18 euros anuales más. Tras estas dos, la peor parte se la lleva Cantabria. Los usuarios de esta región pagarán 7,69 euros más por factura, mientras que Navarra y Extremadura también notarán la subida, aunque en menor medida. Canarias y País Vasco quedan exentas.
Esta propuesta de orden ministerial, que ya ha sido enviada a la CNMC para su estudio antes de que entre en vigor, sirve para dar cumplimiento a un auto del Supremo que obligaba al Gobierno a tener resuelta esta cuestión antes del 15 de julio de este año. A día de hoy, el nuevo Ejecutivo se enfrenta a medidas cohercitivas que contemplan las sanciones directas sobre los responsables del ramo que dirige Teresa Ribera por una cuestión irresuelta durante el Gobierno popular de Rajoy desde 2014.
En 2013, los distintos gobiernos autonómicos decidieron crear una serie de impuestos sobre los activos de las eléctricas, cuya justificación era medioambiental. Sin embargo, Gas Natural Fenosa elevó un recurso y el Supremo se lo estimó en parte. Este sentenciaba que estos impuestos debían compensarse en los peajes de la factura eléctrica de cada comunidad. Galicia y Castilla y León son las más afectadas, debido a los cánones eólicos. En ambas comunidades abundan los parques de generación renovable con aerogeneradores, que fueron los que más recaudaron y por tanto ahora los que más deben devolver vía recibo.
Para resolver este asunto, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, remitió este lunes una carta al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, poniendo en sus manos el borrador de orden ministerial para que puedan alegar las partes afectadas antes del 10 de agosto. El supervisor debe comprobar que la medida del Gobierno no tiene afectación desde el punto de vista de la competencia, ya que la afectacion es muy dispar en las diferentes comunidades autónomas.
Por su parte, Transición Ecológica asegura en la memoria que la orden ministerial no tiene impacto económico ni para el Gobierno central ni para las comunidades autónomas. El impacto, sostiene la memoria elaborada por el Ejecutivo, es positivo para los afectados (las compañías eléctricas). Mientras que la afectación para los consumidores es «relativamente reducida», concluye el Gobierno, dado que la aplicación se limita al año 2013.