La agencia de calificación realiza estas consideraciones en un informe titulado ‘Las eléctricas españolas afrontan incertidumbres tras los no concluyentes resultados de las elecciones’.
Tras aludir a la «escasa visibilidad» acerca de la política energética española fruto del resultado electoral, S&P indica que las eléctricas disfrutan estabilidad gracias a la reforma energética y considera que los «riesgos» proceden de la actividad de generación, a la vista de que «el sistema tarifario está expuesto a la intervención política».
El posible aumento de la presión impositiva sobre la nuclear y la hidráulica «podría reducir la generación de caja de los generadores», en un momento en el que además es previsible un «mayor escrutinio» por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca de los márgenes de generación.
El regulador, señala, también podría revisar los servicios de ajuste y los pagos por capacidad, si bien cualquier cambio retributivo en este aspecto sería «muy complejo». «También podría acometerse una reforma de los incentivos del carbón nacional, pero habría que cumplir con los objetivos del país en lucha contra el cambio climático», indica.
S&P alude en su análisis a las «implicaciones negativas» para las eléctricas, especialmente para Iberdrola y Endesa, de «algunos programas electorales» en los que se recoge el cierre gradual de las centrales nucleares. En todo caso, considera que este «riesgo» es «manejable».
Otro de los aspectos que contribuyen a la incertidumbre a la que alude la agencia se refiere a la necesidad de poner en marcha un nuevo marco para «incentivar las fuertes inversiones que se necesitan para acompañar la transición energética».
Este aspecto resulta «especialmente importante» en un país en el que las inversiones en renovables «prácticamente se han congelado» tras haber experimentado en los años anteriores un «rápido crecimiento».