En la sesión que tuvo lugar el miercoles en el Congreso de los Diputados, José Manuel Soria, ministro de Industria, Turismo y Comercio, defendió que sin las medidas adoptadas en el sector energético por el Gobierno, la tarifa eléctrica habría acabado sufriendo un incremento del 12% en su factura.
Así respondió a una interpelación del portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, al que también quiso aclarar que este año las primas supondrán unos 20.000 millones de euros —la mitad de esta cantidad corresponderá al régimen especial—, una cifra que «no es sostenible» y que hay que limitar sin repercutir todo el coste en los consumidores.
En sus minutos ante la cámara baja, Soria se sumó a la opinión generalizada entre los distintos grupos políticos de que es necesario reformar de forma integral el sector energético, pero aseguró que las medidas del Gobierno han sido pensadas con ese objetivo y no son únicamente a corto plazo. «Todo lo que hacemos es para disponer en el futuro de un modelo energético seguro en el abastecimiento, equilibrado entre las tecnologías que conformen el mix y sostenible en términos medioambientales, sociales y económicos», apuntó.
En defensa de la estrategia normativa desplegada durante su tiempo al frente de la cartera de Industria, el titular ministerial afirmó que los cambios que se han ido aprobando a lo largo de 2012 han recogido punto por punto las recomendaciones de la subcomisión, como «corregir los desequilibrios» en las primas y tarifas de las renovables, atajar el déficit de tarifa, preservar las capacidades tecnológicas y operativas de la nuclear o implementar medidas de eficiencia y ahorro energético.
«En total, se ha logrado un ajuste de 3.586 millones de euros con todas las medidas, y hay un reparto equilibrado, ponderado, del coste entre consumidores, administraciones públicas y operadores», destacó Soria. Asimismo, reseñó que «de no haberse adoptado estas decisiones, el déficit de tarifa habría ascendido a 8.500 millones» el año pasado.
Por otro lado, también reconoció que las medidas no han dado aún «la plenitud de sus frutos», dado que «no son medidas aisladas, sino que forman parte de una estrategia global». «Una vez se haya adoptado el paquete entero de la reforma energética, puedo asegurar que tendremos un sistema equilibrado, sostenible y de abastecimientos seguros», insistió.
Al hilo de esto, Soria aseguró que «el Gobierno se plantea finalizar la reforma energética ya en marcha», llevando a término las decisiones aprobadas e iniciando «otras pendientes», como aprobar los desarrollos normativos previstos en la modificación de la Ley del Sector Eléctrico, prorrogar el Plan PIVE, acordar con empresas y sindicatos un Plan del Carbón hasta 2018 o reformar la Ley de Hidrocarburos para actualizar el desarrollo reglamentario sobre inversiones y producción.
También se deberá concluir la «reforma institucional» que supone la unificación de los organismos reguladores y supervisores, así como mejorar las interconexiones de la península con el resto de Europa. Todo con el «convencimiento» de que gracias a estas decisiones se conseguirá tener un «sistema mucho más equilibrado, justo y competitivo tanto en términos de los precios al consumidor como de los costes energéticos».
En relación con el descontento existente en el sector energético con las últimas decisiones del Ejecutivo que afectan directamente a sus empresas, Soria replicó al diputado de CiU si «preferiría medidas que aplaudiera una parte del sector y otra no, que fueran buenas para unos y malas para otros». «¿No es más congruente y coherente plantear medidas donde, asumiendo que los consumidores y la administración adoptan una parte del ajuste, que también todas las empresas asuman otra parte?».
Pacto estable y global
El miembro de CiU propuso ante los asistentes al Congreso la necesidad de consensuar un «pacto estable y global» sobre el modelo energético que prevea medidas a medio y largo plazo para crear un sistema sostenible y que aporte competitividad a la economía. Y lamentó que las acciones del Gobierno desde el inicio de la legislatura —al igual que las del PSOE en el pasado mandato— sean cortoplazistas e incapaces de plasmar «un planteamiento estratégico planificado», lo que ha convertido a España en el país con «mayor riesgo regulatorio» de Europa.
«Adoptar una improvisación tras otra para atajar el déficit de tarifa, y sin siquiera salir airoso porque la deuda sigue aumentando, solo siembra incertidumbre y merma la competitividad de la economía. No podemos seguir así, es necesario dar una respuesta al reto energético diciendo cómo queremos crecer, previendo las consecuencias medioambientales de las decisiones que tomemos y propiciando un marco de eficiencia económica y energética a largo plazo», defendió Sánchez Llibre.