El Tribunal Supremo está a punto de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares que las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) y su asociación Unesa, incluyeron en las respectivas demandas presentadas hace más de un mes contra la orden ministerial sobre los peajes eléctricos del pasado agosto. Una revisión extraordinaria que se enmarcó dentro de la reforma eléctrica aprobada en julio.
Estos recursos han soliviantado a Industria, hasta el punto de que fuentes empresariales los consideran la causa de que el Gobierno se haya mantenido en sus trece de no modificar el proyecto de ley eléctrica para permitir que el déficit de tarifa de 2013 se pueda titulizar con el aval del Estado. Y parece dispuesto, según las mismas fuentes, a utilizarlo como moneda de cambio presionando al sector para que retire las demandas.
Para poder titulizar el déficit de este año con garantías públicas, habría sido necesario que alguna de las enmiendas del Grupo Popular al proyecto de ley eléctrica así lo estableciese. No solo no ha sido así, sino que una de ellas se ratifica en la nueva ley. Esta rescata del limbo legal una situación que por defecto establecía el polémico real decreto ley sobre empleados del hogar que fue aprobado el último día del año pasado. Esta norma ampliaba los límites de déficit titulizable con el aval del Estado en 2012 (último ejercicio de vigencia del fondo para la titulización de la deuda eléctrica o FADE), pero nada señalaba respecto a las desviaciones que se pudieran producir este año. Se suponía que la gran reforma eléctrica anunciada para este año corregiría cualquier desequilibrio tarifario.
Y aunque así fue sobre el papel, la realidad apunta en otra dirección: a principios de octubre el ministro de Industria José Manuel Soria, anunciaba que, a pesar de la reforma, se generaría este año entre 2.500 y 3.000 millones de déficit, que financiarían las eléctricas, según la nueva ley eléctrica, a 15 años y a precios de mercado, en estos momentos, el 2%.
Curiosamente, solo un par de días después de que las eléctricas recurriesen la orden de peajes, Soria rectificó asegurando que se recuperaría el FADE.
Las empresas no llegaron a creer las palabras del ministro. Además estas no han sido refrendadas por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que tampoco ha admitido públicamente que el volumen de déficit estimado por Soria sea cierto. Aunque nadie en el Gobierno ha desvelado la razón de tan elevada desviación, todo apunta a que el crédito extraordinario de 2.200 millones que Hacienda ha otorgado a Industria para financiar costes renovables de los peajes no será liberado. Así se lo ha hecho saber el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, a un alto ejecutivo de una compañía del sector.
En Industria tienen miedo de un posible fallo del Supremo favorable a las eléctricas después de la aciaga experiencia de hace dos años cuando el Alto Tribunal obligó al ministerio a refacturar los consumos del año a todos los usuarios.
En este caso, de serles aceptadas las medidas cautelares solicitadas o, en su día, ganar el recurso, se derivarían también subidas tarifarias. Las denunciantes consideran que Industria no ha elaborado la mejor previsión de ingresos y gastos, entre otros, al contar con el crédito extraordinario de 2.200 millones que en el momento de aprobarse la orden de peajes, el pasado agosto, ni siquiera había recibido el visto bueno del Parlamento. Se trata, de una habilitación de un gasto que Hacienda no tiene obligación de liberar.
Se podría dar la circunstancia de que, una vez que ha sido aprobado por las Cortes, el Supremo en lugar de obligar a una subida de tarifas para cubrir el déficit, obligara a destinar el crédito a sufragar los peajes, tal como figura en la orden de agosto. Esta no solo no contemplaba déficit alguno, sino un superávit de 16 millones.
Corto plazo
Las 60 enmiendas parciales del PP refuerzan la idea de que la futura ley eléctrica desciende a un nivel de detalle que “no es propio ni habitual en una ley”, sino de decretos un órdenes ministeriales. Una demostración más de que el Gobierno no quiere incluir en simples decretoscuestiones que afecten a grandes cifras económicas (retribución, régimen de concurrencia, revisiones, sus plazos, financiación, múltiples aspectos técnicos, etc).
Y aunque el objetivo sea “dejarlo todo bien atado”, podría acarrear problemas en el futuro, cuando haya que adecuarse a otros entornos y situaciones. En el sector la critican por su visión de corto plazo.
Una enmienda contra los intereses de Unesa
El proyecto de Ley del Sector Eléctrico que en estos momentos se tramita en la Cortes y que el Gobierno quiere aprobar antes de fin de año da cuerpo jurídico a lo que se desprendía del RDLsobre empleados del hogar del 31 de diciembre. Este eliminó los límites de déficit de tarifa titulizable a través del FADE con el aval del Estado correspondiente a 2012. Pero, al no fijar nada para 2014 y teniendo en cuenta que el FADE expiraba el año pasado, se daba por hecho que en 2013 no habría posibilidad de recurrir al mismo si se generaba algún nuevo déficit.
Una posibilidad improbable, por otra parte, ya que la reforma aprobada en julio incluía aportaciones del Estado con las que cuadrar los peajes de este año. Y ya a partir del que viene se fija un mecanismo de autorregulación de los desfases, con subidas si se superan ciertos límites de ingresos y que financiarán todas las empresas regualdas, no solo las de Unesa.
Con estas premisas, a nadie extrañó que el déficit que se generase este año (siempre residual, se suponía) lo financiasen sin más las grandes eléctricas en 15 años. Pero lejos de ser residual todo indica que será voluminoso.
Una enmienda del Partido Popular a la disposición adicional 21 reitera lo que el proyecto de ley establece, pero subraya que la obligación de financiar con esas condiciones es solo para 2013. De hecho, la enmienda señala que antes del 31 de diciembre se elaborará unaliquidación 14 (que siempre se publica en marzo del año siguiente) complementaria y provisional. Con ella “se determinará el déficit de ingresos de 2013”. Por tanto, lejos de recuperar el FADE, como prometió Soria, el Gobierno parece dispuesto a apuntalar la nueva obligación de las eléctricas.