El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha insistido este miércoles en el Congreso en que 2013 será el último año en que se producirá déficit de tarifa estructural (unos 4.500 millones de euros) y ha defendido el conjunto de medidas aprobadas por su departamento en el marco de la reforma eléctrica, afirmando que con ellas se hace frente al «problema más atravesado» de la economía española.
Durante una interpelación planteada por el portavoz económico del PNV en la Cámara Baja, Pedro Azpiazu, a cuenta del impacto que las reformas energéticas tendrán en la competitividad de las empresas industriales, Soria ha reconocido que éste es «un problema complejo, difícil y ante el cual no hay soluciones fáciles ni caminos cortos» pero con cuya superación se habrá «resuelto uno de los grandes problemas estructurales de la economía española».
Por eso, la prioridad es liberar a las empresas del déficit acumulado durante años, que ya supera los 26.000 millones, porque la deuda a la que da lugar provoca cada año entre 2.500 y 2.600 millones de costes en conceptos de amortización, un gasto que «retroalimenta» el propio coste del sistema. «Así que si no acabamos con el déficit el coste será creciente. No es una obsesión, pero sí un objetivo absolutamente firme», ha dicho.
Subir ingresos, bajar gastos o las dos cosas
En este punto, Soria ha apuntado que las vías para acabar con el déficit tarifario son subir los ingresos del sistema, reducir los costes o hacer ambas cosas, dado que la «gran debilidad» del sistema eléctrico español es el nivel de precios, «por encima de la media europea», y también que los costes regulados son «sistemáticamente superiores a los ingresos».
De ahí que se haya tenido que decidir, por ejemplo, incrementar los peajes de acceso pese a que afecta a la competitividad empresarial o sacar de la factura los costes que no tienen que ver con la propia energía. Por ejemplo, los incentivos a la cogeneración que, además, tienen el efecto perverso de que «en buena parte de las industrias se ha convertido en una actividad más importante que la actividad industrial propiamente», lo que supone más gastos para todos los consumidores.
Además, ha asegurado que antes de presentar sus propuestas legislativas ha consultado con todos los actores implicados, pero ha recordado que sus intereses son tan «contradictorios» que eran «difícilmente casables», por lo que se demostró que era imposible conseguir contentar a todos. «Debo reconocer que ninguna de las partes involucradas está satisfecha», ha dicho.
«Somos muy conscientes de que esta reforma no ha gustado a nadie, que las reformas en general que estamos haciendo no gustan, pero tampoco el Gobierno está en una situación como para hacer cosas que gusten más o menos o para que en términos políticos nos vaya mejor. Cuando un Gobierno está en situaciones muy complicadas hay que tomar decisiones pensando siempre en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones», ha dicho.
Respeto a las competencias autonómicas
En este punto, ha defendido la decisión incluida en el proyecto de ley del Sector Eléctrico –actualmente de camino al Senado– de que cualquier medida adoptada por una administración territorial que conlleve un incremento del coste en el sistema deberá ser sufragado por esa administración.
«Nos parece normal. El sistema, que somos todos, sufraga lo que es un menú común para todos. Pero si alguien desea obtener algo a la carta tiene que ser específicamente financiado con cargo a ese territorio», ha señalado, defendiendo que el Gobierno no tiene «ningún ánimo ni intención» de injerir en las competencias de las administraciones territoriales.
En cualquier caso, y como ya hizo el portavoz ‘popular’ de Energía en el Congreso, Antonio Erías, el ministro ha reiterado su voluntad de alcanzar acuerdos con los grupos parlamentarios para mejorar la reforma eléctrica durante su tramitación en el Senado.
A costa de la competitividad
Pedro Azpiazu, por su parte, ha reconocido al ministro tanto la «dificultad» de afrontar los problemas de este sector como que la situación «no es un problema» del actual Gobierno, sino que viene de legislaturas anteriores. Sin embargo, cree que la reforma «se tenía que haber acometido de otra manera» para evitar el «gran impacto negativo» y la «incertidumbre» que ha provocado en las empresas industriales.
«No se puede plantear una reforma a costa de la competitividad de nuestras empresas. En un momento en que es necesario impulsar la recuperación económica, estos cambios normativos y la difícil situación económica han puesto a nuestras empresas en un escenario límite. La reforma energética se ha realizado únicamente con criterios financieros basados en tratar de solucionar el problema del déficit de tarifa», ha criticado el diputado vasco.
De hecho, según un estudio realizado por el Gobierno vasco en colaboración con unas 250 compañías de la región apunta que el 58% de las mismas han sufrido incrementos de la factura superiores al 20% y que un tercio ha superado el 30%, a pesar de que el objetivo de las reformas era propiciar un incremento de entorno al 7,5%.
Por eso, ha pedido al Ministerio de Industria que haga una «valoración real del impacto de las medidas en la economía real», con particular atención al caso vasco, donde las empresas pagan un «sobrecoste» de entorno al 75% por estar conectadas a la tarifa de 30kV. «Son necesarios cambios legislativos para crear un nuevo nivel de tensión y asignar los costes reales a los consumidores», ha exigido Azpiazu.
Asimismo, ha planteado la necesidad de exenciones fiscales temporales para «atajar la pérdida de competitividad» del sector industrial, la posibilidad de dar plazos «razonables y flexibles» para que se adapten al nuevo marco legal, la posibilidad de autorizar cambios de potencia contratadas o nivel de tensión en cualquier periodo tarifario y aunque no se haya superado el año desde su contratación, y su rechazo a que se cree una zona única para la gestión de la demanda en todo el Estado pese a que existen peculiaridades de consumo y saturación según las regiones.
Por último, el portavoz vasco ha pedido que se dote de seguridad al sistema retributivo de la cogeneración industrial, que se respeten las competencias autonómicas y que se eviten los procedimientos abreviados para tramitar reformas de la importancia de ésta, de tal manera que los textos puedan llegar «más cocinados» a las Cortes.
En cualquier caso, ha expresado la disposición del PNV a llegar a acuerdos con el PP en el Senado de cara a conseguir una mejor reforma eléctrica. «Ésa es nuestra actitud, pero también nuestras exigencias y límites. Las cosas cuanto más claras, mejor: si en este marco se desea un acuerdo con el PNV, bienvenido sea. Pero apostando por la competitividad de la industria y por el respeto más absoluto del marco competencial», ha zanjado.