El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió ayer que el Real Decreto-ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico incluye medidas «necesarias e imprescindibles» y supone la revisión del sistema eléctrico que «hasta ahora ningún Gobierno ha podido o querido llevar a cabo».
Durante el debate de la norma, celebrado de forma excepcional en el Senado, el titular ministerial consideró que no ha sido «en absoluto fácil» adoptar las nuevas medidas, a la vista de que «necesariamente» generarán «una gran incomodidad a sectores que tradicionalmente han mostrado una singular capacidad de persuasión en relación con los distintos gobiernos».
El nuevo texto normativo fue convalidado con 180 votos a favor, todos ellos del PP, 138 votos en contra (de PSOE, PNV, UPyD, ERC, CiU y la Izquierda Plural) y ninguna abstención. Además, la cámara alta rechazó con los votos del partido en el Gobierno la propuesta de tramitar este RDL como proyecto de ley, medida que había sido solicitada por el PSOE y el PNV y que contó con el visto bueno de todos los grupos de la oposición.
Por su parte, el ministro de Industria aseguró que la reforma eléctrica «ataja de forma definitiva» el «problema del déficit de tarifa» que se arrastra desde 2004, y que supera los 26 000 millones de euros. Aunque esta norma solo afecta a los últimos seis meses de 2013, el ministro estima que para este año el déficit se situará entre los 2500 y los 3000 millones de euros, si bien, aclaró que por los nuevos mecanismos automáticos que regulan los peajes para evitar que se genere más deuda, en caso de existir un déficit, este será «simbólico» y en 2014 quedará corregido.
Según Soria, la reforma eléctrica, que además de por el RDL 9/2013 está compuesta por un proyecto de ley, cinco reales decretos y ocho órdenes ministeriales aún sin aprobar, contiene «medidas imprescindibles» en «un reparto equilibrado» de la carga entre los consumidores, las empresas eléctricas y el Estado.
El portavoz ministerial aseguró que este ajuste del déficit se produce con el «menor impacto posible para el consumidor», puesto que su factura será «similar» a la de hace un año. A su juicio, «no hay ninguna otra opción, ninguna otra alternativa» para paliar el déficit que este «marco homogéneo, transparente y estable» promovido que generará «confianza en el sector y los inversores».
Cabe subrayar que las medidas sacadas adelante el pasado viernes en el Consejo de Ministros incluyen el nuevo mecanismo de retribución para las renovables, el transporte y la distribución, y habilitan al Gobierno a aprobar una nueva orden ministerial de peajes para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico en 2013, entre otras novedades.
Además, incluirá un mecanismo de estabilización automática de peajes que evitará los desfases entre ingresos y gastos, así como la obligación de que las comunidades autónomas y corporaciones locales deban repercutir sobre los ciudadanos de su territorio los sobrecostes que se en el sistema eléctrico.
Para eliminar los 4500 millones de euros actuales de déficit estructural, el decreto convalidado estipula una reducción de costes por valor de 2700 millones de euros en actividades reguladas (transporte, distribución y retribución de las energías renovables), otros 900 millones de euros que pasarán a los Presupuestos Generales del Estado y los 900 millones de euros restantes que se recaudarán a través de la subida de la factura eléctrica que se producirá en agosto y que será del 3,2 %.
Soria señaló que, de no adoptarse el real decreto ley, «simplemente el sistema no aguanta, y tiene que aguantar, porque lo que no puede ocurrir es que se vaya la luz». Ante esta circunstancia, dice haber buscado «el interés general» frente a «intereses particulares, normalmente contradictorios unos con otros».
La reforma pretende atajar el aumento de los costes regulados de los últimos años y los errores de previsión. En este sentido, en 2005 se estimó que se produciría un incremento del 24 % de la demanda hasta 2013, cuando la realidad ha sido que apenas se han dado subidas del consumo en términos absolutos. Esto ha derivado en un exceso de infraestructuras y, por tanto, en la sobrecapacidad del sistema.
Tras reconocer que el precio de la electricidad en España está por encima de la media europea y que solo Italia, Irlanda y Chipre tienen precios superiores a los de nuestro país tanto para consumidores como para industriales, el titular de la cartera del ramo reiteró que si no se hubieran adoptado los cambios normativos aprobados, el déficit podría elevarse este año a los 10 500 millones y para corregirlo sería necesario subir la factura un 42 %.
Según la información aportada por el ministro, en 2003 un consumidor medio (contratación de 5,5 KW y un consumo de 3300 kWh al año) pagaba 360 euros en la factura de los que 12 euros correspondían a los costes de los sistemas extrapeninsulares, 60 euros a las primas del régimen especial, 120 a la distribución, 31 euros al transporte y 125 a la generación eléctrica.
Ocho años después, el mismo consumidor pagó 588,5 euros (63 % más), de los que 24 euros correspondieron a los intereses de la deuda del déficit, 47 euros a los costes de las extrapeninsulares, 253 euros a las primas del régimen especial, 176 a la distribución, 52 euros al transporte, y 199 euros a la generación.
«Todo en esta vida tiene su explicación», explicó el ministro, que argumentó que el repunte expuesto en el ejemplo se debe a las primas al régimen especial y a los intereses por el déficit, y que «no hay que ser» ningún ingeniero industrial de rama eléctrica para comprender la situación del sistema eléctrico y saber qué hacer para solucionar el problema de una «manera definitiva».
Los grupos de la oposición, contrarios a la convalidación del RDL
Por su parte, la totalidad de los grupos de la oposición coincidieron en denunciar que el Gobierno haya aprobado mediante real decreto ley la primera parte de la reforma energética, sin consultarlo con el Congreso de los Diputados, al que solo se dio dos días para analizar el texto ya publicado en el BOE con vistas a su convalidación en la Cámara.
De hecho, los miembros de los grupos parlamentarios de la oposición solicitaron la tramitación de la norma como proyecto de ley y consideraron que la nueva regulación contribuirá al hundimiento de las renovables y la cogeneración, así como de la confianza de los inversores internacionales en España por su retroactividad, al tiempo que hará imposible el desarrollo del autoconsumo eléctrico con balance neto. Además, mostraron su preocupación con los cambios introducidos en el bono social y los precios eléctricos para la industria.