Durante una sesión mantenida ayer en el Senado, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró ante los asistentes que la solución definitiva al déficit de tarifa eléctrica «está bastante encauzada».
Así respondió a las interpelaciones del Grupo Socialista, a cuyos integrantes transmitió que si el Gobierno no hubiera puesto en marcha las medidas destinadas a frenar el crecimiento de la deuda tarifaria en los últimos meses, esta ascendería ya a unos 33.000 millones de euros. Además, subrayó que el Ejecutivo ya está actuando sobre los peajes eléctricos, en los que, a su juicio, radica el problema.
Al hilo de esto, incidió en que el componente del precio de la electricidad que corresponde a la generación de energía, que supone aproximadamente el 50 % de los precios finales, se encuentra en la media de la Unión Europea, mientras que el concepto que sí está por encima de ese promedio son los peajes de acceso.
«En conclusión», apuntó el titular de Industria, «el conjunto de reformas debe ir encaminado a actuar sobre los peajes, es decir, sobre los transportes, la distribución, los sistemas extrapeninsulares y las primas de régimen especial». Y dado que el Ejecutivo está dirigiendo sus esfuerzos en dicho sentido, «el problema está bastante encauzado», sentenció.
El FADE coloca una emisión de bonos de 248 millones
Por otra parte, el Tesoro, a través del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), colocó ayer en el mercado 248 millones de euros de bonos de deuda tarifaria.
La información remitida sobre esta operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores apunta que se trata de una emisión que corresponde a una ampliación de la serie 3, colocada a un interés del 5,9 % y con vencimiento el 17 de marzo de 2021.
Desde su creación en 2010, el Fondo ha logrado emitir exitosamente 20.775,3 millones de euros de derechos de cobro correspondientes a la deuda ex ante que acumula el sistema eléctrico español, producto que cuenta con el aval del Estado.
La titulización entre inversores públicos y privados del desajuste que desde el año 2000 se genera porque los costes reconocidos del sistema eléctrico son superiores a los ingresos de las «utilities» se puso en marcha hace tres años con la finalidad de aliviar el lastre que supone para las eléctricas que operan en nuestro país mantener un creciente volumen de derechos de cobro en sus cuentas.
El FADE realizó el año pasado dieciocho emisiones de deuda por un valor cercano a 5.500 millones de euros, realizadas a un tipo de interés medio del 5,4 %, según se aprecia en la auditoría de este instrumento gestionado por la Sociedad Gestora de Fondos de Titulización.
El interés medio de estas titulizaciones fue ligeramente inferior al 5,62 % obtenido en 2011, cuando el Fondo efectuó emisiones por valor de unos 9.800 millones de euros.
En total, la deuda eléctrica cedida al FADE entre enero de 2011 y el cierre del ejercicio 2012 ascendió a 15.273 millones de euros. En el primer año de actividad, las colocaciones alcanzaron puntualmente tipos de interés del 8,11 %, mientras que en 2012 no superaron el 6,91 % y, en el mejor de los casos, se situaron en el 3,66 %.
El déficit de tarifa de 2012 fue de 5.609 millones y, en términos acumulados, asciende ya a 35.596 millones.
Hasta la creación del FADE a finales de 2010 y el inicio de las colocaciones en los mercados, las cinco grandes eléctricas habían financiado prácticamente en su totalidad y a tipos de Euríbor más un pequeño diferencial esta deuda de los consumidores con el sistema eléctrico.
En la auditoría del Fondo se observa que, en el momento de su creación, el programa de emisiones tenía un saldo vivo máximo de 13.500 millones, ampliable a 25.000 millones. Además, estos bonos están avalados por el Estado hasta un importe máximo de 22.000 millones de euros, y cuentan también con el refuerzo de una línea de crédito por valor actualmente de 2.000 millones de euros.
El propio mecanismo de gestación del FADE recoge la posibilidad de ampliar aún más este importe máximo de avales del Estado, para lo que sería necesario incluir primero la medida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, posteriormente, en una orden ministerial.