Siderúrgica Balboa ha presentado un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en contra de varias órdenes ministeriales en las que se desarrollan aspectos del nuevo mecanismo de interrumpibilidad del sistema eléctrico.
Este servicio de interrumpibilidad lo ofrecen los grandes consumidores de electricidad y consiste en el compromiso de suspender o mitigar su actividad industrial en momentos en los que el sistema eléctrico se encuentra saturado.
Con la reforma energética, el servicio se asigna en función de subastas y tiene un coste anual para la tarifa de unos 550 millones, frente a los 750 millones anteriores. Tras una primera puja a finales del año pasado en la que se asignaron bloques por unos 350 millones, el Ministerio de Industria repitió el proceso para adjudicar cerca de 200 millones adicionales, después de recibir quejas de empresas como Alcoa.
En la notificación en el BOE del nuevo recurso, el Supremo indica que la siderúrgica denuncia tres órdenes ministeriales que regulan el nuevo mecanismo de interrumpibilidad, la última de ellas correspondiente a mayo de 2014.
Estos recursos se suman a los ya planteados por otros grandes consumidores de electricidad, entre los que figura la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) o la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficem).