Las organizaciones empresariales Ascer, Aspapel, Hispalyt, Fiab, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias han firmado un manifiesto conjunto en el que afirman que la Orden Ministerial que desarrolla la Ley del Sector Eléctrico hace «inviable» la cogeneración, y que el cierre de las plantas dedicadas a esta actividad supondría la pérdida de 70.000 empleos directos.
Además, estas asociaciones aseguran que el impacto económico de esta propuesta ascendería a 660 millones de euros y supondría una caída de la demanda nacional de gas del 10% y una pérdida de la eficiencia energética del país del 2%.
De esta forma, los firmantes han reivindicado la cogeneración como «una herramienta clave para reindustrializar España» y han destacado que hace a estas industrias más competitivas. Asimismo, han recordado que esta actividad esta apoyada y promovida por la UE por sus ventajas económicas, energéticas, ambientales y económicas.
Por otro lado, estas organizaciones han subrayado que la Ley del Sector Eléctrico establece una rentabilidad razonable para la cogeneración, pero que la Orden «no tiene en cuenta las circunstancias y necesidades de las industrias cogeneradoras.
Por ello, han asegurado que el reforma eléctrica «maltrata a la cogeneración» y han añadido que la última normativa «hará que muchas plantas entren en pérdidas operativas y tengan que cerrar».
Consecuencias en todos los sectores
El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Isidro Zarzoso, ha destacado que el sector «no se entiende sin la cogeneración» y ha cifrado el impacto en esta industria en 53 millones de euros.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), se ha mostrado convencido de que «si muere la cogeneración muere la industria asociada» y ha calificado la situación como «un momento crítico sin precedentes».
En la misma línea se ha expresado el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt), José Malpresa, quien ha asegurado que la Orden es «nefasta para el sector» y supone un coste de 60 millones de euros.
El presidente de la la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab), Pedro Astals, ha recordado que esta medida tendrá como consecuencia una pérdida de competitividad en los mercados exteriores.
Posteriormente, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha defendido que el Ejecutivo «no puede cambiar permanentemente las reglas del partido» y ha aseverado que «la seguridad jurídica es importante».
Finalmente, el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, Fernando Mercén, ha apuntado que esta medida está provovando muchos problemas a los sectores porcino, aceitero, lácteo y de zumos, entre otros.