Fuente: El Periódico de la Energía
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado en el Congreso la posibilidad “repensar” las subastas de interrumpibilidad tras el anuncio de la multinacional Alcoa de cierre de las factorías de Avilés y A Coruña.
Ribera ha destacado que esta empresa era una de las principales beneficiadas de estas subastas pues, ha dicho en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, “sistemáticamente se lleva el 30% de la subasta”, e incluso ha abierto la puerta a retrasar la próxima convocatoria.
“A lo mejor esto lo que nos hace es retrasar esta convocatoria para evitar una distorsión y se pueden beneficiar las demás si deciden definitivamente cerrar”, ha manifestado la ministra, que ha asegurado a los medios que los responsables de la empresa conocían los planes del Ejecutivo de convocar próximamente una nueva subasta.
“Ellos lo sabían y estaba diseñada para favorecer en primera instancia a las empresas más grandes. Evidentemente, con este anuncio, sabiendo que representan el 30% de ese beneficio, pues a lo mejor tenemos que repensar esas convocatorias, de manera que evitemos distorsiones y que puedan favorecer al resto de la industria”, ha dicho.
Por ello, la ministra ha instado a “entender cuáles otros motivos estructurales pueden estar detrás” de la decisión de cierre de esta empresa. “Entiendo que es (una decisión) empresarial. Además, de manera recurrente la venían anunciando a lo largo de los últimos años y, sin embargo, luego quedaban tranquilos, paliados, y esperaban a la siguiente vez”, ha apostillado.
La ministra ha resaltado que “lo más llamativo ha sido lo inmediato del anuncio” pues, ha asegurado, “nadie lo sabía hasta el día anterior”. Al conocerlo, Ribera ha asegurado que tanto la titular de Industria, Reyes Maroto, como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, trataron de contactar con los responsables de la empresa pero “no se pusieron al teléfono”.
Por ello, la ministra de Transición Ecológica ha instado a esperar a la reunión convocada por Maroto con el fin de “entender mejor qué es lo que supone y hasta qué punto de verdad quieren salir” y que, si es así, el Gobierno pueda “encontrar otro industrial que tenga interés en producir aluminio en esas plantas”.