FUENTE: El Economista
¿Será el sector eléctrico capaz de atraer las inversiones que necesita Europa? Según el informe The Future of Electricity, publicado al hilo del último foro económico de Davos, la respuesta es no, a menos que se produzcan cambios relevantes.
El sector está en una encrucijada: la disminución de la rentabilidad de las compañías eléctricas en los mercados de la OCDE pone en entredicho su capacidad para alcanzar la inversión de 7,6 billones de dólares que se estima son necesarios para cumplir con los objetivos de política energética establecidos para 2040. Desde el año 2000, los países de la OCDE han invertido más de 3 billones de dólares en energías renovables, plantas de energía convencional e infraestructuras de distribución. Esta inversión ha ayudado a reducir la intensidad de carbono por unidad generada alrededor de un 1% por año y ha aumentado la seguridad energética, mediante la reducción de la importación de combustibles, cerca de un 4%. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en la industria: para alcanzar los objetivos energéticos fijados aún se requiere un 20% más de inversión anual durante los próximos 15 años.
Esta inversión es necesaria para transformar el sector eléctrico en un sistema más sostenible, reducir las emisiones de carbono y mantener la seguridad energética. El estudio de Bain & Company y el World Economic Forum es parte de una iniciativa impulsada en la última asamblea anual del Foro de Davos con el objetivo de proporcionar a los países, empresas y la sociedad en general una plataforma para fomentar el diálogo y el aprendizaje durante la transición a un sistema eléctrico de bajas emisiones de carbono.
Según esta investigación, una de las principales causas que ha llevado al sector al estado de incertidumbre actual ha sido el desarrollo de políticas energéticas que no han alineado las necesidades de los diferentes países, permitiendo el mantenimiento de altas cuotas de control de los países sobre las políticas energéticas, y una insuficiente planificación integrada. Si los países hubieran coordinado mejor el despliegue de sus infraestructuras de energías renovables, Europa podría haber ahorrado más de 140 mil millones de dólares.
Por otra parte, la fijación inadecuada del precio del carbono en la Unión Europea está afectando al rendimiento del sector y la falta de compromiso social continúa siendo un problema: el precio de los permisos de emisiones ha caído a niveles tan bajos que impiden que un programa de descarbonización o reducción de emisiones tenga efectos relevantes sobre la inversión y, aunque la sociedad reconoce la necesidad de reducir las emisiones de carbono, aún no aprecia por completo el valor que aporta un sistema eléctrico más limpio y otros impactos positivos derivados de su implantación, como la creación de empleo y la seguridad del suministro.
A medida que se ha transitado hacia un sistema de menores emisiones de carbono han descendido los retornos para las compañías, tanto las de energías renovables como las eléctricas tradicionales. Los cambios en las políticas de subsidios, la sobre-capacidad creada por una insuficiente coordinación entre los planes públicos y los de empresas privadas y la reducción de los factores de carga, unidos a la caída progresiva de la demanda, han contribuido a una pérdida masiva de valor de los activos de generación. Asimismo, el modelo de una generación más descentralizada ha afectado a los negocios de transporte y distribución, que no han modificado significativamente sus modelos de remuneración.
A la vista de este panorama, ¿Qué pueden hacer los políticos, los reguladores y las empresas del mercado eléctrico para atraer la inversión que precisa el sector en su transición a un sistema de bajas emisiones de carbono? La colaboración entre las distintas partes interesadas es fundamental para lograr este objetivo y llevar a cabo con éxito la transición a un sistema de bajas emisiones de carbono. En primer lugar, es esencial que los responsables políticos comiencen a trazar las líneas maestras de nuevas medidas para incentivar las decisiones de inversión más correctas y permitir explotar los recursos renovables en Europa de una forma más eficiente. Para ello, será necesario un enfoque más flexible, un aumento del apoyo social a este tipo de energías y evitar en lo posible los cambios de política retroactivos. Por otra parte, los reguladores deben asegurarse de que los mercados dan información clara y pertinente, premiar la fiabilidad y la flexibilidad del sistema y fomentar soluciones para los problemas de la oferta y la demanda. Es necesario que se promuevan reglas de juego justas, se armonicen los incentivos y se eliminen las barreras regulatorias innecesarias a la competencia. Además, es fundamental el desarrollo de modelos de negocio completamente centrados en el cliente por parte de las compañías del sector.
De un tiempo a esta parte la creación de valor mediante la explotación del big data y los datos del cliente generados a partir de redes inteligentes y dispositivos conectados es uno de los pilares de gran parte de las industrias, y el sector eléctrico no debería ser una excepción. Igualmente, los inversores tienen que mantener un diálogo con los responsables políticos y los reguladores sobre cómo equilibrar mejor los riesgos y la rentabilidad, sin dejar de invertir e innovar para financiar el perfil de riesgo creciente que se está dando en el sector eléctrico.
Por último, ya que no existe un único organismo que aglutine a todos los actores del mercado, sería positiva la creación de grupos de trabajo multisectorial para aumentar la comunicación entre los agentes de la industria, compartir conocimientos y mejorar las prácticas de forma global. Sólo asegurando la viabilidad de las inversiones, Europa podrá evolucionar con éxito hacia un futuro energético más sostenible y eficiente.