Los organismos reguladores sectoriales de España y Francia tienen hasta finales de este mes para lograr un acuerdo sobre el reparto del coste de la nueva interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya. No se trata de un plazo cerrado sino del límite para acceder a los fondos de la Unión Europea (la llamada “ventana de oportunidad”) en 2017 para lograr subvenciones para un proyecto cuyo coste se calculaba inicialmente en unos 1.200 millones de euros, pero que podría alcanzar los 1.800 millones de euros.
Si la CNMC y su homóloga francesa, la Comision de Regulation de l’Energie (CRE), no se ponen de acuerdo en el reparto en función del coste-beneficio de cada país, la última palabra la tendrá el regulador europeo, ACER, cuyo director podrá establecerlo unilateralmente. En este punto, España tendría las de perder porque la infraestructura beneficiará más a España, un país aislado energéticamente con una capacidad de interconexión de apenas 2.800 MW, que a Francia, al que se le atribuye poco interés por dicho proyecto al contar con un sistema interconectado con todos sus vecinos europeos.
Así, según fuentes políticas, las autoridades francesas quieren que España asuma más de la mitad de un complejo proyecto que, además de un trazado submarino tiene otro subterráneo, lo que requerirá de las correspondientes plantas de conversión. Por su parte, España confiaba en que el reparto fuese igual al de la primera interconexión, la de Baixas-Santa Llogaia, por los Pirineos orientales.
Esta fue sufragada al 50% por ambos países: de los 720 millones de inversión, más de 300 millones fueron subvencionados por la UE y el resto lo pagaron a medias el operador del sistema eléctrico español, REE, y su homólogo francés, RTE.
El análisis coste-beneficio que analizan la CNMC y la CRE se basa en los escenarios elaborados por dichos operadores eléctricos. Ambas compañías, a través de la sociedad instrumental conjunta Inelfe, que fue constituida en 2008 y fue la encargada de construir la primera interconexión entre España y Francia, que entró en operación comercial en octubre de 2015.
Esta sociedad sería la responsable de la nueva infraestructura de interconexión submarina, que permitirá a España alcanzar una capacidad de intercambio de hasta 5.000 MW. Una cifra insuficiente si se tiene en cuenta que el mínimo establecido por la Unión Europea es del 10% de la potencia total instalada, por lo que en el caso de España debería alcanzar los 10.000 MW (un nuevo objetivo apunta al 15% en 2030).
El nuevo enlace eléctrico por el Golfo de Vizcaya tendrá una longitud de 370 kilómetros de longitud y con ella, según REE, “mejorará la seguridad y garantía de suministro, aumentando la eficiencia de ambos sistemas eléctricos y permitiendo una mayor integración de energías renovables”.
Un proyecto para 2024
Esta interconexión, que fue declarada Proyecto de Interés Común (PIC) en 2013, parte de la subestación de Gatika (próxima a Bilbao) hasta la subestación de Cubnezais (en la región francesa de Aquitania). Este doble enlace submarino y subterráneo, compuesto por cuatro cables (dos por cada enlace), será en corriente continua, con una capacidad de transporte de 2.000 MW.
En la actualidad, según indica REE, el proyecto se encuentra en fase de consultas y se prevé su puesta en servicio en 2024 o 2025. El operador del sistema y transportista, recuerda que el nivel de interconexión de España con Europa “está aún muy alejado del mínimo establecido por la UE para 2020”. La UE estableció en el 2002 el suelo del 10% de la capacidad de cada país, “con el fin de eliminar sistemas aislados, facilitar el apoyo mutuo y promover el Mercado Único de la electricidad”, recuerda REE.
Esta nueva línea ampliará la capacidad comercial de intercambio de los 2.800 MW actuales hasta los citados 5.000 MW. El proyecto lo componen un doble enlace submarino y subterráneo. De los 370 kilómetros de cable, 280 kilómetros serán submarinos. Será una línea de corriente continua, en lugar de corriente alterna utilizada en las redes de transporte española y francesa, por lo que serán necesarias sendas estaciones conversoras en cada extremo de la línea.
En la parte española, la interconexión estará conectada a la subestación de Gatika, a 10 kilómetros de la costa vasca. Se aprovechará la infraestructura existente Gatika-Lemóniz, formada por dos líneas de 400 kV. En la parte francesa, la línea se conectará a la subestación de Cubnezais (al norte de Burdeos). El trazado subterráneo desde la costa francesa hasta la subestación recorrerá 80 kilómetros.
Una vez finalice el plazo de consultas, en marzo de 2018, el proyecto deberá superar las autorizaciones por el impacto medioambiental, consultas públicas y autorizaciones técnicas, para lo que se establece un plazo de otros dos años, hasta finales de 2020. Entre ese año y 2024 se prevé el suministro y construcción de la infraestructura, que se pondría en marcha en octubre de 2024.
Un calendario optimista si se tiene en cuenta que la primera interconexión por los Pirineos se prolongó a lo largo de 17 años, principalmente por la contestación de los grupos ecologistas y los habitantes de la zona a que se lanzaran redes aéreas de alta tensión por los Pirineos. Un conflicto que se solventó con la construcción de un túnel de ocho kilómetros por el que discurren los cables, que encareció y dilató el proyecto.
El proyecto, cuya financiación pagarán los consumidores eléctricos en los peajes, figurará en la planificación de las infraestructuras de transporte eléctrico que está elaborando el Ministerio de Energía para el periodo 2020-2025. esta planificación incluirá también el lanzamiento de un tercer cable submarino de alta tensión con Marruecos, que se sumaría a los dos que interconectan España con el país norteafricano. Un proyecto largamente reivindicado por el operador del sistema, REE, por el que también compite su homólogo portugués, REN.
España cuenta con dos enlaces con Marruecos, la primera data de 1998 y la segunda entró en funcionamiento en 2006.
EL AFÁN POR LA INTERCONEXIÓN
España tiene en la actualidad tres interconexiones con Francia (la principal, la de Santa Llogaia-Baixas, por los Pirineos Orientales y, dos menores por Vic y Biescas); cinco con Portugal y dos cables con Marruecos. En total, la capacidad comercial de estos enlaces es de 2.800 MW. Pese a que el actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, considera que una mayor interconexión favorece una baja de los precios eléctricos y una estabilidad del sistema, lo ocurrido el pasado invierno pone en cuestión esa teoría. El fuerte incremento de precios del mercado mayorista registrado en enero en España (un 96% respecto a enero de 2016), se atribuyó, en parte, a la reducción de la capacidad disponible en Francia tras la revisión no programada de una veintena de centrales nucleares, que comenzó en octubre anterior. Por tanto, la compra masiva de energía por parte de Francia, perjudicó en esos meses al consumidor español
El próximo gran proyecto, declarado de interés común por parte de la UE en 2013, es un cable submarino por el Golfo de Vizcaya, que transcurriría desde las costas vascas a las de Aquitania, próximas a Burdeos. En este caso, dada la envergadura del proyecto y la fuerte inversión, los franceses no están dispuestos a financiarlo al 50%, como ocurrió con la primera gran interconexión, pese a que los cables transcurren mayormente por su territorio. El afán español por las interconexiones puede determinar que el beneficio sea mayor para España que, por lo tanto, deberá hacer frente a más parte del coste. La cuestión no es baladí, ya que la inversión deberá asumirla el consumidor eléctrico en su factura.