Fuente: Expansión
La semana pasada, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba una orden ministerial del Ministerio de Industria (posiblemente la última que rubricó el exministro José Manuel Soria), mediante la cual se inhabilitaba a la comercializadora de electricidad Electro Soporte y se le obligaba a cesar su actividad. Era un nuevo episodio de la cruzada que ha lanzado la Administración contra lo que en el sector energético se denominan las eléctricas pirata.
Esas compañías, muy agresivas comercialmente, han proliferado en los últimos años aprovechando los huecos que ha dejado la liberalización del sector y los agujeros de una legislación muy permisiva. Electro Soporte se dedicó durante meses a comercializar electricidad a cientos de clientes sin liquidar luego su coste al sistema. En total, ha creado un agujero de más de 20 millones de euros, que ahora se computarán como pérdidas de todo el sistema eléctrico y que tendrán que repartirse entre todos los usuarios.
Es el mayor fraude de los detectados hasta ahora dentro de un listado que ha crecido como la espuma desde comienzos de año. En apenas unos meses, el Gobierno también ha inhabilitado o ha puesto bajo la lupa a Olten, Zero Electrum, Comercial Eólica, Luci Mundi, Nortedison, Alcanzia y Zencer, entre otras. Se calcula que el agujero que ya hay acumulado por los impagos es de 250 millones, lo que supone que cada usuario eléctrico va a tener que pagar un extra de 9 euros para cubrir el desfase.
Ofertas agresivas
La operativa de las eléctricas piratas siempre era la misma. Algunas incluso están vinculadas a los mismos empresarios. Son comercializadoras de electricidad que se dedican a vender kilovatios a los usuarios, cobrando por ello, pero sin liquidar luego su coste al operador del sistema. Es como si un vendedor de fruta cobrara al cliente final por todos los kilos de tomate que vende pero luego no pagara la mercancía a su proveedor, o pagara sólo una parte, dejando a deber el resto.
Esto ha permitido a esas comercializadoras eléctricas realizar ofertas muy agresivas, con precios incluso por debajo de coste, lo que a su vez les ha llevado a crecer muy rápidamente, agravando así el problema de su fraude.
Estas empresas han ido creciendo porque el sistema eléctrico en España, excesivamente garantista, impedía cesar la actividad de una comercializadora hasta que no incumplía sistemáticamente la legislación. La Comisión de Competencia se limitaba hasta ahora a poner multas a esas comercializadoras por incumplir con los pagos. Empezó el pasado año. Hace unos días, multó a Aayum Companyia Catalana Suministradora D’Energia. El problema es que las multas eran tan reducidas en comparación con el beneficio que muchas siguieron operando.