Endesa e Iberdrola, titulares de Nuclenor al 50 %, han hecho llegar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una petición para que se posponga un año el plazo estipulado por ley para solicitar la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña.
En concreto, los responsables de la gestión de la instalación atómica burgalesa piden a la cartera que dirige José Manuel Soria una revocación parcial de la orden ministerial que contempla el cierre del reactor con el objetivo de ampliar doce meses el plazo en que puede pedir la renovación de la licencia, que expira el próximo 6 de julio.
Cabe recordar que Nuclenor comunicó el pasado diciembre al Ejecutivo español su decisión de no renovar dicho permiso porque los recortes y nuevos impuestos aprobados en materia energética hacían inviable la continuidad de la instalación castellano-leonesa e impedían su rentabilidad. «La aplicación de la nueva fiscalidad situaría a Nuclenor en patrimonio negativo», argumentaron los directivos de la compañía.
Así, los gestores de la instalación burgalesa decidieron parar la actividad de la central, para lo que sacaron las barras de uranio del reactor de forma provisional el pasado diciembre. Si la instalación cierra, pagarán impuestos, pero si se reanuda la actividad y se devuelven al reactor las barras para seguir funcionando tendrá que tributar por todo el tiempo que se hayan estado usando.
Desde Endesa e Iberdrola aún esperan que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas responda a una consulta vinculante para conocer el alcance de los efectos de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética sobre Garoña. Pero ante la proximidad de la fecha de cierre de la central y al no disponer aún de los datos solicitados en la mencionada consulta, los representantes de Nuclenor han preferido mover ficha para ganar tiempo y poder valorar con mayor detalle y objetividad si interesa mantener operativa la central, que se encuentra desconectada de la red eléctrica desde finales del año pasado. A este respecto, el comunicado divulgado por los gestores de Garoña sobre este asunto recoge que, «de esta forma, se podría mantener la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización de explotación vigente que permitiese continuar en un futuro con la operación de la central nuclear de Santa María de Garoña».
La compañía ya pidió el año pasado otros dos aplazamientos de la presentación de solicitud de renovación cuando aún se tramitaba la ley, pero el Gobierno no los concedió. Con los recortes ya vigentes, Nuclenor vuelve a reclamar la prórroga.
Industria pide al CSN que valore la petición de Nuclenor
Por su parte, los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya han recibido el encargo del Ministerio de Industria de estudiar la petición realizada por Nuclenor y que previsiblemente será analizada en un pleno extraordinario del Consejo de Administración que podría tener lugar hoy mismo. Los especialistas valorarán los informes de las direcciones técnicas y de la asesoría jurídica del máximo organismo regulador en materia nuclear de España para, posteriormente, emitir una conclusión respecto de si procede o no conceder la prórroga. Esta decisión no tiene por qué tomarse hoy mismo.
Cabe recordar que la orden que fijó el cierre definitivo de Garoña para el 6 de julio de este año fue aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en julio de 2009. Tras su llegada al poder, el Ejecutivo del Partido Popular revocó dicha decisión en una orden el 29 de junio del año pasado, en la que se estableció que la vida de Garoña no se extinguiría si sus propietarias solicitaban la prórroga. Algo que, a día de hoy, no ha ocurrido.
La solicitud de aplazamiento por parte de las eléctricas se ha interpretado en el sector como un claro signo de que sus responsables tienen intención de mantener la actividad de la central; de lo contrario, no pedirían aplazamientos. Fuentes de esta industria consideran que Garoña se está utilizando como moneda de cambio, a la vista de la posición pronuclear del Gobierno, para lograr otros beneficios. Por ejemplo, que el Ejecutivo amplíe por ley la vida útil de las centrales a 60 años (en estos momentos, la vida de diseño es de 40 años).
En esta línea, en el escrito dirigido a Industria, Nuclenor subraya la «práctica internacional» de extender la explotación de las centrales nucleares más allá de los 40 años, tal y como defiende el regulador atómico de Estados Unidos. Según sus datos, en la nación norteamericana se han renovado los permisos de explotación de 73 reactores nucleares y se está evaluando la renovación de 15 reactores más.