En la última de las disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos del Estado de 2017 (la 114), el Gobierno establece que este año, “de forma excepcional”, los superávit del sistema eléctrico (1.019 millones acumulados en los últimos tres años) , “se podrán destinar al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencia derivadas de la normativa del sector eléctrico”, que deban ir “con cargo a los Presupuestos del Estado o del [propio] sistema eléctrico”.
Esta medida, agazapada en los Presupuestos, supone una modificación de la Ley del Sector Eléctrico que impone que los excedentes del sistema se destinen únicamente a la amortización de la deuda eléctrica que se generó entre 2000 y 2013.
La complicación técnica para desarrollar este precepto (groso modo, la deuda eléctrica fue titulizada y está en manos de inversores a los que no se puede imponer una amortización anticipada) ha hecho que el Gobierno no haya podido abordar dicha amortización y que los esos más de mil millones estén muertos de risa en una cuenta de la CNMC.
Fuentes del sector no albergan la menor duda de que esta medida responde “única y exclusivamente” al objetivo de que la compensación a las cinco grandes eléctricas por las cantidades abonadas entre 2014 y 2016 por el bono social de la tarifa (unos 500 millones, según las afectadas) no corra a cargo del Erario Público. De esta manera, se endosará dicha indemnización al sistema eléctrico pero sin necesidad de subir la factura de los consumidores por dicho importe, en tanto esa cantidad (o la que se determine judicialmente) saldrá de la cuenta del superávit.
El pasado octubre, el Tribunal Supremo anulaba el mecanismo de financiación del bono social aprobado en 2014 por el antiguo Ministerio de Industria, que se impuso a los grupos verticalmente integrado (casi en su totalidad, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo) y obligaba a restituir las cantidades aportadas. Era la segunda vez que el Alto Tribunal anulaba la financiación del bono. Ya lo hizo con el sistema que estuvo vigente entre 2009 y 2012, que pagaban las grandes generadoras, por tanto, también las eléctricas de Unesa.
Para ganar tiempo, el nuevo titular de Energía, Álvaro Nadal, optó por presentar a finales de año un recurso ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha decidido si lo admite a trámite. A la vista de la medida incluida en la Ley de Presupuestos, el ministerio debe tener claro que no lo va admitir (en el caso antes citado el Gobierno recurrió también al Constitucional y este rechazó su trámite).
El uso del superávit se circunscribe a 2017 pues la Ley de Presupuestos es anual, y con ella el Gobierno quiere evitar que la compensación salga de las Cuentas del Estado, pues existen dudas sobre si el Tesoro Público debe o no pagar esta deuda, ya que el bono de la tarifa tampoco se considera un coste liquidable del sistema eléctrico. De ahí que la disposición aluda a indemnizaciones “que deban llevarse a cabo con cargo a los Presupuestos o con cargo al sistema eléctrico”.
Este debate queda patente en las alegaciones presentadas por el Abogado del Estado en el recurso por el que Gas Natural Fenosa solicitó al Supremo la ejecución de su sentencia de octubre y se le paguen las cantidades aportadas para el bono (un descuento del 25% de la factura que aplican las comercializadoras de referencia a cuatro colectivos).
En el escrito, al que ha tenido acceso CincoDías, la Abogacía no considera que “deban reintegrarse la totalidad de las cantidades abonadas en concepto de bono social”, pues ello supondría “un enriquecimiento injusto”. La explicación está en que las empresas obligadas a financiarlo tenían “una evidente capacidad” de trasladar al precio de mercado el coste asumido por ese concepto. Algo que, según el Abogado del Estado, “defendió rotundamente” la propia Gas Natural Fenosa.
En este punto, pide que la CNMC informe sobre los importes abonados en 2015 y 2016 (deja fuera del litigio el ejercicio 2014); de la posibilidad de que hayan recuperado en el mercado toda o parte de las cantidades financiadas (a ser posible, calculadas mensualmente) y ofrezca un saldo de las que no hayan recuperado, con sus intereses correspondientes.
Respecto a quién corresponde pagar, la Abogacía asegura que la obligación “no corre a cargo de la Administración, ni tampoco, en rigor, al sistema eléctrico”. Los importes eran ingresados en una cuenta de la CNMC, que pagaba a las comercializadoras de referencia, que entregaban sus facturas mensualmente sus facturas al organismo supervisor.
Sea como fuere, en el caso de que haya que pagar alguna cantidad a las empresas, “estas deben ser abonadas por el sistema eléctrico” y en ningún caso por el Tesoro, “que no fue perceptor de cantidad alguna abonada en concepto de bono social”, subraya la Abogacía.
Fuente: Cinco Dias