Los subsidios aportados con la finalidad de abaratar el coste de la energía que paga el consumidor y permitir a las empresas seguir siendo competitivas no son la mejor fórmula para impulsar el crecimiento, según acaba de dar a conocer el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la publicación del informe «Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications» («La Reforma de los Subsidios Energéticos: Lecciones e Implicaciones»).
Los expertos del organismo internacional concluyen que los subsidios en materia energética «son perjudiciales para las finanzas públicas, el crecimiento económico, la equidad y el medio ambiente», por lo que aconsejan a los gobiernos de todo el mundo que desarrollen una reforma profunda sobre los mismos.
El documento, que recoge información sobre el consumo de petróleo, la electricidad, el gas natural y el carbón en 176 países durante 2011, demuestra que, en algunos de ellos, la carga fiscal de los subsidios a la energía está adquiriendo tales dimensiones que los déficits presupuestarios están siendo difíciles de atajar y amenazan la estabilidad de la economía.
En declaraciones recientes, David Lipton, primer subdirector gerente del FMI, asegura que «un total de veinte países mantienen subsidios energéticos antes de impuestos que superan el 5 % del Producto Interior Bruto (PIB)».
En el caso de algunos países emergentes y en desarrollo, las cantidades destinadas a este tipo de ayudas compiten con otros gastos públicos prioritarios para estos países, impidiendo que el gasto público se destine a otros sectores prioritarios como infraestructuras, educación y salud.
Los encargados de la redacción del estudio subrayan que los subsidios energéticos refuerzan la desigualdad, porque benefician principalmente a los más ricos, que son los que consumen más cantidad de energía. Asimismo, apuntan que «el 20 % de los hogares con recursos en los países de economías emergentes y de bajo ingreso se benefician del 43 % de los subsidios».
Por otra parte, el empleo de estos mecanismos conlleva a los países a consumir demasiada energía, lo que supone un grave perjuicio para el medio ambiente, debido al aumento de las emisiones CO2, que agravan el problema del cambio climático. A este respecto, Carlo Cotarelli, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, defiende que «según nuestras estimaciones, la eliminación de los subsidios energéticos supondría una reducción del 13 % de las emisiones de CO2, lo que equivaldría a 4.500 toneladas menos».
El estudio determina que no existe una fórmula idónea para lograr que prospere la reforma de los subsidios, máxime cuando este tipo de iniciativas no suelen contar con el apoyo de los ciudadanos, especialmente en los países exportadores de petróleo, donde están considerados como un mecanismo para distribuir entre la población los beneficios del patrimonio natural.
Sin embargo, tras analizar las experiencias de 19 países, los analistas del FMI definen seis elementos clave: un plan de reformas exhaustivo del sector energético con objetivos a largo plazo y una evaluación de su impacto; implementación de medidas encaminadas a proteger a los pobres; amplia estrategia de comunicación y consultas con las partes interesadas que incluya información sobre la magnitud de los subsidios y su incidencia en el presupuesto público; aumentos de precios escalonados que den tiempo a los hogares y gobiernos a modificar su consumo de energía; mejora de la eficiencia de las empresas estatales para ayudarlas a aligerar la carga fiscal y reformas institucionales para despolitizar la fijación de precios de la energía.