Los pequeños productores fotovoltaicos defienden que la rentabilidad del 7,5 % prevista por el Gobierno para las renovables «es falsa» porque no se basa en las cifras reales de inversión y vaticinan una avalancha de impagos para finales de este año.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha indicado en una entrevista con Efe que la rentabilidad «razonable» establecida por el Gobierno no es tal «desde el punto de vista de que no se va a tener en cuenta como base la factura de compra» de la planta.
El pasado 12 de julio, el Gobierno cambió el modelo de retribución de las renovables: de recibir una prima a la producción pasan a tener garantizada una rentabilidad del 7,5 % a lo largo de toda la vida útil de la planta, un porcentaje que se aplica sobre una base de inversión estándar que el Ejecutivo aún no ha publicado.
«Estamos partiendo de una falsedad», insiste Martínez-Aroca: «Yo llevo mi factura y ahora nos sentamos a hablar. Este es mi coste. Me habrán engañado o no, pero este es mi coste. Yo compré la planta por este precio».
Además, Martínez-Aroca califica de «disparate» que se establezca la misma rentabilidad para todas las plantas, independientemente de su ubicación, «eso es tanto como decir que todas las comunidades autónomas tienen derecho a los mismos metros cúbicos de agua. ¿Cómo se puede limitar ahora las horas de sol del sur de España e igualarlas a las zonas del norte?».
También subraya que esta metodología perjudica a los pequeños inversores, porque estos pagaron «el margen de beneficio del instalador, del promotor, del fabricante…», es decir, que abonaron «la factura más elevada», de manera que la rentabilidad que les queda es más reducida.
Al establecer «un estándar tipo medio de precio de una planta en toda España, ¿quién va a salir más perjudicado? El más pequeño», asegura, «a los grandes no les va a afectar de igual manera que a nosotros, porque su costo será siempre inferior. Es la auténtica desprotección del más desfavorecido y el ministerio lo sabe».
En ese sentido, añade que el ministro de Industria, José Manuel Soria «sabe perfectamente que va a causar y que está causando un daño a cientos de miles de ciudadanos, a cientos de miles de pequeños ahorradores. Él sabe que la decisión es absolutamente arbitraria. Eso está regulado por el Código Penal y se llama prevaricación».
El presidente de Anpier también critica las declaraciones de Soria en una entrevista con Efe, donde el ministro reconoció que muchos inversores renovables tendrían que refinanciar sus plantas, pero apuntó «que eso no debería suponer un gran problema».
«¿Eso no supone un problema mayor? ¿Ir al banco con la que está cayendo, con los tipos de interés que hay hoy, a pedir una refinanciación sobre una instalación fotovoltaica que ha sufrido cinco cambios normativos retroactivos, que es un tóxico más tóxico que el inmobiliario, no supone mayor problema?» se queja Martínez-Aroca. «Este señor está fuera de la realidad» porque «no sabe lo difícil que está la refinanciación hoy en día», subraya.
Con respecto a los impagos de créditos en el sector fotovoltaico, prevé que los primeros casos «duros y difíciles» se produzcan a finales de año. Explica que, debido a la limitación de las horas anuales con derecho a cobrar primas, los parques del sur de España dejarán de recibirlas en agosto, a lo que se une el pago del impuesto a la generación del 7 %, que tiene que abonarse en noviembre y que «es casi un mes completo de producción» y, a partir del próximo año, el cambio en la retribución, con efecto desde julio de este.
«Casi todos los parques, las pequeñas instalaciones, van a entrar en un gravísimo problema de tesorería a partir de final de año», vaticina, a lo que seguirán «las primeras demandas de ejecución contra plantas o contra inversores» a principios de 2014 y «se empezarán a ver pérdidas de plantas para verano del año que viene».
Facturas para Industria
Por otro lado, Anpier ya ha anunciado que enviará al Ministerio de Industria las facturas originales de miles de instalaciones fotovoltaicas, pertenecientes a sus asociados, para que la Administración pueda conocer, con absoluta fidelidad, el coste real que supuso dichas inversiones en sus diversas modalidades tecnológicas y temporales, así como los costes anuales de mantenimiento.
Estos datos podrán ser contrastados por la propia Comisión Nacional de la Energía, que es el ente regulador de los sistemas energéticos y que ha demostrado tener un conocimiento exhaustivo y solvente de todas las partes del sistema eléctrico español, indica Anpier.
Por tanto, la asociación considera “absolutamente innecesario y una burla hacia el sector destinar un millón de euros para la contratación de tres consultoras, supuestamente independientes, con el objeto de que definan los parámetros de inversión, costes e ingresos que determinarían a partir de ahora las retribuciones a percibir por las instalaciones fotovoltaicas españolas”.
El Real Decreto Ley de medidas urgentes para la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que entró en vigor el 14 de julio, y el Real Decreto sobre regulación de las renovables, que está en trámite, fijan un supuesto retorno de la inversión del 7,5% teniendo en cuenta toda la vida regulatoria. “Una medida claramente retroactiva cuyo finalidad real es reducir por quinta vez en tres años las retribuciones de las plantas fotovoltaicas, que ya soportaban un merma de hasta el 40% de sus ingresos”, afirma Anpier.
“Una previsible valoración a la baja del precio y los costes de las plantas, junto con la exclusión de los costes de financiación, supondrá el resultado negativo de todos los ejercicios de dichas instalaciones y la ejecución por parte del banco de las garantías, los hogares de las 55.000 familias inversoras en el 80% de los casos”, añade.
Inseguridad jurídica alarmante
Para la asociación, “este tipo de disposiciones retroactivas generan una inseguridad jurídica alarmante para la inversión y cuestionan la seriedad del Reino de España, que ya tiene abiertos dos arbitrajes en materia de inversiones renovables interpuestos por 14 grandes fondos internacionales de inversión, además de las miles de reclamaciones judiciales por parte de las familias españolas productoras.”
Será en este terreno, el judicial, en el que se resolverá la legalidad o ilegalidad de estas nuevas disposiciones, continua Anpier, que recuerda que varias comunidades autónomas han anunciado ya recursos de inconstitucionalidad –como el Gobierno de Murcia, aun siendo del propio Partido Popular–, y que tanto los productores nacionales como los extranjeros acudirán a las instancias judiciales competentes, con la intención de agotar estas vías en todos los tribunales que corresponda.
Anpier también recuerda que en enero de 2012, el ministro de Industria, José Manuel Soria, criticó el recorte retroactivo de las primas a los productores fotovoltaicos impulsado vía decretos leyes por su predecesor socialista en el cargo, Miguel Sebastián y, preguntado por los recortes durante el acto de traspaso de cartera ministerial, declaró que «nunca es recomendable cambiar a mitad del partido las reglas del juego».
En este mismo sentido, el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado mes de julio, se lamentaba de que hasta ahora bastara un decreto o una orden ministerial para regular el sector eléctrico porque “una orden ministerial o un real decreto sobre materia energética mueve miles de millones de euros y los mueve con un nivel de control inferior a cualquier otra partida».
Sin embargo, concluye Anpier, “tanto el Ministro como su Secretario de Estado han impulsado un cambio retroactivo radical del marco regulatorio del sector renovable español a golpe de real decreto ley y orden ministerial”.