FUENTE: El Economista
El Tribunal Supremo ha obligado al Ministerio de Industria a incluir en la tarifa eléctrica el impuesto que la Junta de Castilla y León ha cargado a los parques eólicos, así como a las centrales hidráulicas o a la central nuclear de Garoña.
Este impuesto, según los cálculos realizados por el sector, supone cerca de 60 millones de euros. Con este incremento de los costes, que se deberá aplicar a las liquidaciones de los peajes de 2013 se incrementará el déficit de ese año. Además, los promotores eólicos podrán también reclamar que se aplique la misma medida en años posteriores lo que podría llegar a acabar con el superávit de 100 millones con el que espera el Gobierno cerrar 2014.
La medida puede aplicarse también a los impuestos que cobran tanto Galicia como Castilla-La Mancha, lo que elevaría la factura final hasta los 200 millones de euros que tendrían que cargarse con coste en la tarifa. Aproximadamente, en el recibo final de la luz el aumento supondría apenas un 0,05% pero afectaría a todos los clientes.
La decisión se produce por culpa de la decisión del Gobierno de mantener la unidad de tarifa para toda España en lugar de permitir que en las comunidades que tengan impuestos regionales se carguen los mismos a la tarifa, tal y como obliga la Ley.
El Supremo declara que el articulo 9.1 de la orden de peajes de 2013 no es conforme a derecho al no incluir en los costes los suplementos territoriales a los que se refiere el artículo 17 de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, según la redacción que se le dio por decreto ley en 2012.
El Tribunal considera que Industria debió incluir en la orden de peajes de 2013 estos impuestos correspondientes a cada una de las comunidades autónomas que tuviesen implantados aquellos tributos, «de modo que los consumidores ubicados en ellas sufragasen los costes derivados de las decisiones de sus propios órganos administrativos».
Este suplemento, «cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo» y «deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma».