Fuente: El Economista
El Boletín Oficial del Estado ha informado en los últimos días de un buen número de recursos presentados en el Tribunal Supremo contra dos órdenes ministeriales que recogen los estándares de costes de las instalaciones de distribución de energía eléctrica y los peajes del sistema gasista.
La Orden IET/2660/2015, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y de mantenimiento de la distribución de electricidad, ha sido recurrida por 16 empresas y entidades, entre las que se encuentran Endesa Distribución Eléctrica, Viesgo Infraestructuras Energéticas y Unión Fenosa Distribución, así como las dos patronales de las distribuidoras con menos de 100.000 clientes, Cide y Aseme, y la Asociación de Productores y Distribuidores de Energía de Galicia.
Esta Orden ministerial se aplica este año por primera vez y cambia totalmente el sistema anterior: ahora se cobrará por la cantidad de activos que las empresas tengan inventariados y no por el volumen de energía que circule por sus redes.
Industria propone para este 2016 una retribución conjunta -incentivos a la calidad del servicio aparte- de 5.114 millones de euros, un 3,7 por ciento más. No obstante, con el cambio de metodología, los ingresos de las pequeñas distribuidoras experimentan subidas -en zonas rurales- y bajadas -en poblaciones- que llegan al 30 por ciento. En el caso de las grandes empresas, todas han mejorado algo, menos Viesgo, que pierde un 2,6 por ciento; la que más gana es Hidrocantábrico Distribución, que obtiene un 18 por ciento más.
Orden del Gas
La Orden IET/2736/2015 por la que se establece los peajes, cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y las actividades reguladas para 2016, ha sido recurrida por cuatro entidades: la Generalitat de Cataluña, Gas Natural SDG, la patronal catalana Cecot y Enagás Transporte.