El régimen especial (eólica, solar y cogeneración) se ha alzado frente a una reforma energética que consideran discriminatoria, imprecisa e ineficiente y en algunos puntos incluso inconstitucional. Así se recoge en algunas de las alegaciones que asociaciones como Acogen (Asociación Española de Cogeneración), Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica) o AEE (Asociación Empresarial Eólica) van a presentar ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
La patronal del sector eólico, AEE, uno de los más perjudicados con los últimos cambios normativos presentados por el Gobierno, califica esta reforma como retroactiva y arbitraria. Asimismo asegura que introduce nuevos elementos de incertidumbre y de inseguridad jurídica, que cambian radicalmente las reglas del juego para el sector. Entre las alegaciones destaca la petición para retirar por completo el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, a través del cual se modifica el modelo de retribución a las instalaciones del régimen especial fijando un nuevo sistema que supone limitar su retribución al 7,5% y, a la vez, aplicar esta misma vara de medir para los años anteriores. Una medida que puede suponer un impacto de entre 800 y 1.100 millones para este sector.
Para justificar la eliminación del Anteproyecto la asociación se basa en que algunos cambios normativos contradicen los principios de buena regulación de la ley de Economía Sostenible y explican que esas modificaciones van en contra del fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, como reclaman las diversas directivas comunitarias. En ambos puntos coinciden con Anpier, la patronal de los pequeños inversores fotovoltaicos, que no está de acuerdo en que se retribuya a las instalaciones por potencia instalada, en lugar de por energía generada, de forma que se volatiliza el espíritu de eficiencia e inversión.
Otra de las alegaciones de Anpier hace referencia al repetido uso de conceptos jurídicos indeterminados, que según la patronal «vulnera claramente el principio de seguridad jurídica». Entre ellos destacan el ya famoso término de «Rentabilidad razonable» o «empresa eficiente o bien gestionada», «precio medio estimado» e «ingresos estándar», entre otros.
Por otro lado, la palabra inconstitucional está presente en gran parte de las alegaciones. Es el caso de Anpier, que califica así a la norma que permite rebajar la retribución de las plantas por ayudas del pasado que ya han sido cobradas. Asimismo consideran «escandalosamente inconstitucional» que se permita «la excepcionalidad retributiva de una planta en concreto, sin más justificación que el capricho del legislador».
Respecto a la propuesta de Real Decreto sobre interrumpiblidad, la Asociación Eólica considera que se trata de un servicio innecesario, al menos en la situación actual, ya que según la CNE, no ha sido utilizado en ningún momento por el Operador del Sistema para solventar alguna incidencia de red. En el caso de que no se elimine este servicio, la asociación considera que no tiene sentido que su pago recaiga en un 50% en tecnologías como la eólica.
Por su parte Acogen, que reconoce el esfuerzo realizado para recoger en las propuestas de reales decretos algunas de las singularidades específicas para el caso de la cogeneración, se muestra colaboradora a pesar de los momentos de incertidumbre que atraviesa esta industria con una oleada de cierres. Aun así, desarrolla un amplio despliegue de alegaciones, entre las que de nuevo aparece el sistema de retribución. En este caso, el sector considera que la metodología expuesta, «si bien puede ser factible para otras tecnologías, pudiera no ser adecuada a las características específicas y diversidades de funcionamiento de la cogeneración».
Por otro lado, la cogeneración asegura que «no se entiende de ningún modo la eliminación de la única señal de precio del sector eléctrico de producción de electricidad que incentivaba la alta eficiencia». Por ello, solicitan un compromiso al Gobierno para el desarrollo de los mecanismos de mercado que permitan poner en valor las aportaciones de este sector a las distintas actividades reguladas y previstas en la ordenación del sector eléctrico. Además, solicitan la equiparación de la prioridad de despacho de las instalaciones renovables y cogeneración de alta eficiencia.