Fuente: El Economista
El Acuerdo Climático de París entrará en vigor este mismo año, porque tras la reciente ratificación de la UE se ha alcanzado el cuórum suficiente. Gracias al Acuerdo se producirá un gran aumento de la inversión global en energías renovables, dentro de un proceso de transición energética para conseguir una economía neutra en emisiones de CO2 a mediados de siglo. Muchos países ya se aprestan a ello, con los concursos como principales herramientas para crecer.
Con ese escenario de fondo, en España se debate sobre el exceso de capacidad del sistema eléctrico y la necesidad de incorporar nuevas renovables en los próximos años para abastecer una demanda que permanece plana. La Planificación eléctrica en vigor quiere conectar 8.476 MW hasta 2020, pero muchos opinan que no se cumplirá.
Para analizar con detalle la situación, elEconomista ha organizado un Observatorio sobre el futuro de las energías renovables en España, en el que han participado David Noguera, director de Financiación Estructurada del Banco Sabadell; José María González Vélez, presidente de Gesternova; Heikki Willstedt, director de políticas energéticas de la Asociación Empresarial Eólica (AEE); José López-Tafall, director de regulación de Acciona; José Mª Marcos Fano, jefe de Departamento de Política Energética y Desarrollo Sostenible de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa); y Juan Diego Díaz, director de Marketing de Gamesa. El encuentro contó con la moderación de Rubén Esteller, jefe de Redacción de elEconomista.
Fiscalidad sobre el carbono
Abrió el fuego José Mª González Vélez, aseverando que el camino emprendido por las energías renovables no tiene vuelta atrás. Subrayó que no compiten en condiciones de igualdad con las tecnologías convencionales, porque éstas externalizan sus costes ambientales, y reclamó un mecanismo que permita equilibrar el juego; no ayudas -«no las quiero», concretó-, sino una tributación que tenga en cuenta esos impactos ambientales: «Con una fiscalidad sobre el carbono, las renovables pueden introducirse y a una velocidad adecuada».
Se declaró contrario a las subastas, puesto que no permiten el desarrollo de las tecnologías inmaduras y, como en posteriores intervenciones, recordó que el fomento de las renovables comenzó en España como una forma de reducir las importaciones energéticas: «Nos gastamos los ingresos del turismo, cuando podemos producir aquí la energía».
A continuación, Heikki Willstedt incidió en la competitividad alcanzada por la eólica y la fotovoltaica, que les permite competir sin ningún tipo de ayudas en aquellas latitudes con buenos recursos naturales -viento y sol- y recalcó su trascendencia en la consecución del gran pacto climático global: «Si no tuviésemos estas tecnologías, es muy probable que incluso el Acuerdo de París no hubiera sido posible», porque tanto EEUU como China, principales emisores de CO2, no se han subido al carro tirado por la UE hasta que las citadas fuentes han demostrado su potencial. En el caso de España, quiso destacar que la eólica había hecho muy bien las cosas, cumpliendo la senda establecida, y lamentó que los responsables políticos «no hayan entendido lo estratégico del sector».
Recogió el testigo Juan Diego, abundando en la competitividad alcanzada por las fuentes verdes: «Lo que va a mover las renovables no va a ser el fijar una serie de objetivos de reducción de emisiones; lo que va a mover a las renovables es el que tienen, cada vez, un coste de energía más bajo». Cimentó su afirmación en el desarrollo previsto por la Agencia Internacional de la Energía, 120.000 MW eólicos y solares al año como mínimo, y mostró su favorable parecer al sistema de subastas para incorporar centrales eléctricas al sistema, pero no sólo para las fuentes renovables.
De 4.000 a 6.000 MW
Llegó el turno a José Mª Marcos, quien desglosó el esfuerzo ya hecho por España en renovables, la buena posición alcanzada -«estamos diez puntos por encima de la media europea»-, las herramientas disponibles para cumplir con los objetivos fijados por la UE -concursos básicamente-, y las necesidades reales del sistema, que van de 4.000 a 6.000 MW. A su juicio, «no tendremos excesivas dificultades en alcanzar nuestro objetivo a 2020 como país», aclarando, además, que la descarbonización «es un proceso de largo plazo, no una carrera contrarreloj; más vale hacerlo bien». Antes de pasar el turno, destacó la necesidad de garantizar la disponibilidad de las centrales térmicas para respaldar las intermitentes renovables.
José López Tafall señaló la necesidad de planificar la transición energética hacia el futuro sin carbono: «Hay que revisar el conjunto de los elementos del sistema». Contundente, afirmó que para crecer en renovables hay que decrecer en otras tecnologías: «Para que tenga sentido económico incluir megavatios renovables hay que vincular la entrada de nueva generación renovable a la salida de generación convencional». Censuró la reforma eléctrica, porque ha reducido las ayudas a las renovables en más de 2.000 millones de euros anuales «mientras que otras partidas han aumentado», reclamó una política energética de largo plazo y concluyó advirtiendo que hasta final de año, momento en que hay que abonar pagos retenidos durante tres años a las fuentes limpias, «se verá si nuestro modelo es creíble o no».
Llegó el turno a David Noguera, quien abordó la financiación de las tecnologías limpias, materia en la que su casa está muy experimentada, ya sea para desarrollar nuevos proyectos o, como le ha ocurrido en España tras la reforma eléctrica, para «aguantar» plantas que vieron modificadas sus condiciones económicas originales. Comentó que, por su experiencia, las subastas son una herramienta válida siempre que estén ligadas al mercado, insistió en la necesidad de un marco jurídico a largo plazo, y reiteró, con aplomo, la importancia de la rentabilidad: «Por muy románticos que nos pongamos, al final, hay una comunidad financiera, que son los inversores y los financiadores, y les tienen que cuadrar las cuentas; el inversor tiene que pensar que esto es un negocio y le tienen que salir los números y al financiador también. De lo contrario, no estaremos planificando proyectos sostenibles».
Reforma eléctrica desigual
El análisis posterior, una vez expuestos los diferentes puntos de partida, fue ágil y no exento de polémica, por los enfoques encontrados de los participantes. La reforma eléctrica y su desigual impacto consumió buena parte del tiempo. Se apuntó que las renovables habían visto sus ingresos mermados en un 21%, mientras que los de la distribución y los sistemas no peninsulares sólo habían bajado un 1%; incluso, en el caso del transporte, la retribución había crecido un 7%.
Otro elemento reiterativo en el debate sobre los errores del modelo actual fue la multiplicidad de mecanismos para garantizar el suministro, esto es, interconexiones, interrumpibilidad y pagos por capacidad: si hay potencia de sobra en el sistema, si hay sobrecapacidad y por eso es más difícil crecer en unas tecnologías renovables cuya generación no es bienvenida, ¿por qué es necesario mantener y sufragar tantos sistemas de seguridad?
No obstante, se aclaró que los pagos por capacidad ya no son tan importantes como lo fueron en el pasado, puesto que sólo lo cobran los ciclos combinados -y no todos- y se apuntó la conveniencia de establecer un nuevo mercado, específico para la potencia firme, que dote de rentabilidad a unas tecnologías que se ven relegadas por la generación limpia al seguir las reglas del mercado mayorista de la electricidad.
Esto entroncó con el efecto de las renovables en dicho mercado -al ser marginalista, cuanto más producen, más barato es-, y la necesidad de los productores de energía limpia de obtener rentabilidad a unos precios que, cuanto más producen, más bajos son. El fenómento, bautizado como efecto caníbal, no beneficia a nadie y requiere una solución que hasta el momento no se ha encontrado.
Además, los bajos precios y las expectativas de que sean aún más bajos también impide la renovación del parque de generación existente, porque las inversiones que precisa la llamada repotenciación no se recuperan sólo con el precio del mercado, como ha demostrado el caso alemán: la sustitución de máquinas viejas se frenó en seco el año pasado al suprimirse los incentivos.
El acuerdo de los participantes fue total a la hora de reclamar una estrategia que permita abordar el proceso de transición energética hacia un modelo económico neutro en emisiones de carbono. Se recordó que fuera de España se están promulgando legislaciones específicas -Francia, Reino Unido, EEUU- y se puso el acento en el consenso con que se está haciendo; en España, con fuerte contraste, no hay un desarrollo legislativo similar, ni una política con vistas al largo plazo que permita pergeñar las líneas generales del proceso de transición, que durará casi cuatro décadas.
250 euros al año per capita
También, lógicamente, se departió sobre el coste del proceso de transición energética. De acuerdo con un reciente estudio de Deloitte -cuyos datos se manejaron sin citarlo expresamente-, conseguir que la economía española sea neutra en carbono en 2050 exige una inversión de 10.000 millones de euros anuales, o, lo que es lo mismo, de 250 euros por habitante y año. Los expertos estuvieron de acuerdo en que es una cantidad asumible y acorde con la inversión en energía de pocos años atrás, pero también reconocieron que sería muy conveniente modificar la presión sobre las familias para evitar el rechazo.
Cobró relevancia en el coloquio el hecho de que la electricidad, al disponer de tecnología eficiente y eficaz, está cargando con la mayoría del peso de la descarbonización, y se reclamó que todo el mercado energético, incluyendo los usos térmicos y -sobre todo- el transporte, contribuyan a sufragar el coste de la transición. Junto a ello, debería ganar relevancia la eficiencia energética -se afeó al Gobierno que las empresas contribuyan obligatoriamente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética sin alternativa de mercado- y la fiscalidad ambiental, aplicando con rigor el principio de quien contamina, paga.
En última instancia, la voluntad política, y enfocar la transición como una oportunidad económica para crecer y no como un lastre, son fundamentales. Esta voluntad política -abiertamente puesta en entredicho-, tendrá la primera piedra de toque en 2018, año en que España debe preparar un Plan para cumplir los objetivos climáticos y energéticos de la UE del año 2030. Y más adelante, en 2025, corresponde la primera revisión de los objetivos acordados en París, que presumiblemente serán más exigentes si se quiere limitar el incremento de la temperatura global a 1,5º centígrados al final del siglo.