FUENTE: Cinco Días
La Fundación Renovables y la asociación por un Nuevo Modelo Energético han puesto en marcha una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si hubo prevaricación en la elaboración de la orden que estableció los nuevos parámetros de las renovables.
La denuncia será presentada en “una o dos semanas”, pues antes quieren recabar el apoyo de ciudadanos y partidos políticos que deseen sumarse a la denuncia que va contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, al que se acusa de prevaricación. Ambas organizaciones hacen alusión al “escandaloso comportamiento” del Ministerio de Industria “ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios de la orden 1045/2014 que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables, cogeneración y residuos”, lo que ha supuesto un recorte de ingresos de 3.000 millones anuales.
Se trataría de la primera acción penal contra unos recortes que, sin embargo, han recibido cientos de demandas administrativas.
Aunque las denunciantes se plantearon también una denuncia por malversación se descartó ya que “en España una mala gestión de los recursos no está tipificada como delito en el Código penal”, indicó ayer en una rueda de prensa el abogado Piet Holtrop, cuyo bufete asesora en este proceso. Este recordó que la definición de prevaricación es “el uso de poder de forma incorrecta a sabiendas”.
La denuncia se centra en la contratación de sendos informes a las consultoras Boston Consulting Group y Roland Berger para la elaboración de los parámetros retributivos que servirían para calcular los nuevos ingresos de las instalaciones de renovables y que acabó en una rocambolesca deriva. Según recuerdan las denunciantes, el ministerio contrató a estas firmas “para avalar la nueva metodología (..) que consagró el hachazo a las renovables”. El presupuesto de la contratación fue de 595.000 euros más IVA.
El proceso “ha carecido de la más elemental transparencia” –recuerdan- y no fue hasta que el Tribunal Supremo, en el ámbito de los cientos de recursos presentados contra la citada orden, no requirió al Gobierno que aportara la información utilizada para determinar los parámetros cuando se conocieron detalles del mismo. Por ejemplo, que Boston había roto el contrato y que solo Roland entregó su informe.
Fundación Renovables y Nuevo Modelo Energético consideran que la contratación presenta numerosas irregularidades. La más importante, la adjudicación “a dedo” de unos informes alegando la urgencia de los mismos, cuando se entregaron mucho después de aprobarse la orden para la que se destinaba. Las denunciantes aluden a las presiones, que según los medios de comunicación, recibieron dichas consultoras “para que acataran los criterios prefijados por el propio ministerio”, lo que supuestamente llevó a la resolución del contrato de Boston.
Aunque la denuncia de prevaricación se ha personalizado en el secretario de Estado de Energía, “por ser quien ha tenido el dominio del acto”, la Fiscalía podría ampliar el número de sujetos. El problema que se ha planteado a las denunciantes es que como el proceso no ha sido transparente no se puede saber de antemano “si se podría imputar al director general del IDAE o al propio ministro de Industria”. En palabras de Holtrop, “la opacidad del proceso es en sí un indicio, un proceso lleno de irregularidades”.
Por su parte, Jorge Morales de Labra, reiteró sus críticas a una reforma que ha sido asimétrica al castigar a las renovables frente a las eléctricas tradicionales, cuyo esfuerzo no ha sido el mismo. Con la denuncia se pretende comprobar también si ha habido algún trato de favor de unas instalaciones respecto a otras.
Esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción es la tercera que interponen estas plataformas. Ya lo hicieron con el cierre en falso de los CTC, que dejó una deuda de 2.300 millones sin cobrar a las grandes eléctricas, y a la práctica de las llamadas puertas giratorias.