Fuente: El Economista
Las pequeñas y medianas empresas han planteado al Ministerio de Energía una reforma de las tarifas de acceso por nivel de tensión de modo que les permita lograr un ahorro de cerca de 440 millones al cambiar el tipo de peaje al que tienen que estar asignados.
La factura que un consumidor paga por su suministro de electricidad refleja tres componentes de costes: la energía, el acceso a redes y la gestión del comercializador.
Según explica Energía y sociedad, independientemente de la forma de adquisición de la energía, los costes de las redes (junto con otros costes regulados) son repercutidos a todos los consumidores a través de las tarifas de acceso.
La propuesta planteada al Gobierno pasa por realizar dos importantes cambios: el primero se produciría en la tarifa 3.0 que debería de adoptar los períodos horarios de la 3.1, lo que generaría un ahorro de unos 140 millones a un total de 737.906 empresas. Y, el segundo, afectaría a la llamada tarifa 3.1 que debería pasar a convertirse en una 6.1, lo que ahorraría otros 300 millones.
En el caso de estas tarifas, ambas tienen el mismo nivel de tensión y la diferencia, tal y como explicaron los expertos de Energía y Sociedad es que si un suministro tiene una potencia contratada menor o igual a 450 kv se le aplica la tarifa 3.1A; en caso, contrario se le aplica la tarifa 6.1.
Según las cuentas, la diferencia es notable. En el caso de las empresas que tienen que acogerse a la tarifa 3.1 el precio medio a pagar asciende a 52,6 euros, mientras que en el tramo 6.1A -con la misma tensión- se pagan 32,34 euros de media, es decir, más de 20 euros de diferencia que podían estar justicados con anterioridad por las dificultades para tener información sobre los consumos, pero que ahora han sido ya superadas.
Esta medida permitiría beneficiarse a multitud de empresas, entre ellas, supermercados medianos, talleres u hoteles que tienen este nivel de consumo y que se beneficiarían de una bajada líneal de sus costes eléctricos. De hecho, tanto algunas organizaciones regionales de Cepyme como patronales como Asedas están informadas de estas negociaciones y han mostrado su respaldo a las mismas.
Para solicitar este cambio, las pequeñas empresas recuerdan que el Gobierno ha aceptado un cambio similar en otros casos.
Beneficio para la industria
La industria electrointensiva, por ejemplo, ha recibido 150 millones a través de la disposición Adicional 111ª de los Presupuestos Generales del Estado, unidos a los 60 millones que supone convertir la tarifa de acceso 6.1 B en la 6.2.
En estos casos la diferencia de precios también era notable, ya que los 1.169 suministros que tenían la tarifa 6.1B pagaban de media 26,26 euros, frente a los 14,72 euros que pagarán a partir de ahora al haber cambiado a la 6.2.
El acuerdo para el apoyo de los Presupuestos Generales del Estado 2017, alcanzado entre el PP y el PNV, incluye esta reordenación tarifaria que termina con la discriminación que venían sufriendo estas empresas de Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla León, Cantabria y Asturias, conectadas a líneas de alta tensión de 30 kV.
En concreto, el acuerdo se compromete a eliminar en 2018 la tarifa 6.1.B y englobar las tensiones de 30 a 36 kV en la tarifa 6.2, lo que supondría, de cumplirse el pacto, la corrección de un sobrecoste tarifario.