Las energías renovables representaron el 42,4% del total de la cobertura de la demanda eléctrica, según el Informe Sectorial 2014 de Cesce, que evidencia que en el último año la aportación renovable se incrementó en 10,5 puntos porcentuales y permitió una reducción del 23,1% en las emisiones de CO2 en el sector eléctrico peninsular, hasta las 61,4 millones de toneladas.
Así, el estudio subraya que la tendencia ha mantenido su crecimiento en 2014 y en febrero registró un nuevo máximo histórico, al representar el 59% de la producción total, hasta superar el récord que se había alcanzado en abril de 2013, cuando llegó al 54,2% de la generación neta.
En este sentido, la energía eólica es la tecnología que más ha contribuido a la cobertura de la demanda anual de 2013, hasta alcanzar una cuota del 21,1%, frente al 18,1% registrado en el período anterior. Unos resultados que sitúan a esta renovable al mismo nivel de la energía nuclear, que ha aportado un 21% del total.
Asimismo, la potencia instalada nacional creció 0,6% en 2013, hasta los 108.148 megavatios (MW), impulsada por el incremento del 15% registrado por la solar termoeléctrica (300 MW), lo que le permite a esta renovable superar los 2,2 GWth en el acumulado de potencia instalada en España y contar con más de tres millones de metros cuadrados instalados y en operación.
A su vez, el parque fotovoltaico cuenta con más de 60.000 instalaciones que, en 2013, generaron 4.681 MW, un 3,2% más que el año anterior y el equivalente al 4,3% del total de la potencia instalada durante el pasado ejercicio.
De esta forma, el crecimiento de la producción ha permitido continuar, por décimo año consecutivo, con un saldo positivo en los intercambios internacionales de energía eléctrica, hasta los 6.958 GWh. En este sentido, las exportaciones alcanzaron los 16.913 GWh, mientras que las importaciones sólo registraron 9.955 GWh.
Por último, Cesce prevé que la importancia de la internacionalización seguirá concentrándose en los próximos ejercicios, ya que el sector seguirá condicionado a los cambios en el marco regulatorio nacional y en las normativas de aquellos países en los que las empresas españolas están destinando su producción.