El plan de Industria se lanza en cumplimiento de las directivas comunitarias, que establecen la obligación de justificar las cantidades de ahorro de energía conforme a los objetivos de 2020. España debe ahorrar 15,9 millones de toneladas o equivalente entre 2014 y 2020.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado una propuesta de orden ministerial en la que se establecen las aportaciones obligatorias de cerca de 240 empresas del sector energético al Fondo Nacional de Eficiencia Energética durante el ejercicio 2016.
En esta ocasión, las empresas deberán aportar un total de 206,8 millones de euros al fondo, frente a los 243 millones consignados inicialmente para el ejercicio 2015, según consta en el borrador de la orden ministerial elaborado por Industria para consulta pública.
Este fondo, creado con el objetivo de cumplir las exigencias comunitarias en materia de ahorro y eficiencia energía, ha encontrado en su primer año de implatación contestación en los tribunales por parte de las empresas afectadas.
Al margen de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, Industria ha fijado para el ejercicio 2016 un objetivo de ahorro agregado de energía equivalente a 3.046 gigavatios hora (GWh), el mismo volumen que en 2015.
Entre las empresas obligadas a realizar aportaciones al fondo, Repsol es la que debe asumir un mayor sacrificio, con unos 37 millones, frente a los 44 millones previstos en la orden ministerial de reparto de esfuerzos en 2015. Industria redujo posteriormente esta última cifra.
Endesa, con unos 25 millones, es la segunda empresa que más contribuirá, por delante de Gas Natural Fenosa y Cepsa, que aportarán unos 22 millones y 19 millones, respectivamente. Iberdrola deberá abonar 12 millones.
Conforme al mecanismo de obligaciones, las empresas deben ahorrar durante el año una energía equivalente a un 1,5% anual de sus ventas, medidas en términos energéticos, a través de medidas de eficiencia.
Estos nuevos objetivos de ahorro se reparten entre empresas dedicadas a la comercialización de gas y electricidad, así como entre operadores petrolíferos y otras empresas relacionadas, a los que se consideran sujetos obligados a participar en el plan de ahorro.